En los años noventa del siglo pasado, desde el gobierno de Alberto Fujimori se instaló una política para “eliminar” a quienes eran señalados como contrarios al régimen. Se dispuso el aniquilamiento a través de “sobras bombas” que eran enviados de manera sistemática.
De acuerdo a la fiscalía, esta política era dispuesta por el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien disponía los atentados.
El 10 de octubre de 1991, la periodista Melissa Alfaro regresaba del Congreso de la República donde había acudido a recoger información sobre una investigación que estaba realizando.
A su retorno al local de la revista Cambio, ubicaba en Lince (Lima), recogió un paquete que le había dejado a su nombre una persona no identificada. Al momento de abrirlo, explotó una carga de dinamita y la mató.
Así como a ella, varias personas recibieron los sobres anónimos.
Otra vez condenado
El Poder Judicial sentenció a Vladimiro Montesinos Torres a 20 años de pena privativa de la libertad, al hallarlo responsable del delito de homicidio calificado de la periodista Melissa Alfaro y el ciudadano Víctor Hugo Ruiz León. La Fiscalía había pedido 35 años de cárcel.
Asimismo, se halló culpable a Montesinos de homicidio calificado en grave tentativa del defensor de derechos humanos Augusto Zúñiga Paz, el entonces parlamentario Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Arroyo Reyes.
Por los crímenes perpetrados en el caso ‘Sobres bomba’, Vladimiro Montesinos y el Ministerio de Defensa —en calidad de tercero civilmente responsable— deberán pagar la reparación civil de forma solidaria. 5 mil soles para los herederos legales de Ricardo Letts Colmenares y Carlos Arroyo, 200 mil soles para los deudos del abogado Augusto Zúñiga Paz, y 500 mil soles para los deudos de Melissa Alfaro y Víctor Ruiz.
«¿Quién dio la orden? ¿Cuál fue la cadena de mando? ¿Cuáles fueron los responsables? Porque no solo fue Víctor Pena Zanobal, hubieron más responsables en esto»
Igor Alfaro, hermano de Melisa Alfaro dijo a La República que esta sentencia sienta un precedente para los casos de derechos humanos que siguen en curso y puedan ser autónomos de las leyes procrimen que “dictó inconstitucionalmente” el Tribunal Constitucional. En esa misma línea, mencionó que esta condena significa para su familia una “justicia reparadora y simbólica”.
“Lo que queremos por parte del Estado peruano que hay ahora que se ha demostrado que es responsable de estos asesinatos sistemáticos es que nos diga quiénes son los que cometieron estos asesinatos sistemáticos, que reconozca y nos digan. Exigimos porque tenemos derecho a saber quiénes estuvieron implicados, ¿Quién dio la orden? ¿Cuál fue la cadena de mando? ¿Cuáles fueron los responsables? Porque no solo fue Víctor Pena Zanobal, hubieron más responsables en esto”, señaló el hermano de la periodista asesinada.
