Fujimori llegó a la presidencia en 1990 con un fuerte respaldo popular, derrotando a Mario Vargas Llosa y prometiendo combatir la corrupción y la violencia que asolaban al país. Sin embargo, su relación con el ejecutivo se deterioró rápidamente.
Al no contar con una mayoría en el Congreso, Fujimori enfrentó dificultades para obtener los poderes necesarios que le permitiera legislar sin fiscalización. Esta tensión culminó en el autogolpe, cuando, a las 10 de la noche del 5 de abril, Fujimori se dirigió al país en cadena nacional y pronunció la infame palabra «Disolver», desatando una serie de eventos que impactarían profundamente la democracia peruana.
Los defensores del autogolpe argumentaron que era una medida necesaria para enfrentar el estancamiento político y las crisis económica y social que atravesaba el país.
Alfonso De Los Heros, Presidente del Consejo de Ministros en ese tiempo, dijo en una entrevista que durante el verano previo al autogolpe, se había reunido con parlamentarios para avanzar en la legislación y que el Congreso había fijado una fecha para su aprobación el 7 de abril, sólo dos días después del autogolpe. De Los Heros destacó que existía resistencia a algunos decretos que otorgaban excesiva autoridad a los jefes militares en áreas afectadas por el terrorismo, lo que generó dudas sobre si esta fue realmente la motivación detrás del golpe.
Su muerte coincidió con el tercer aniversario de la muerte del líder senderista Abimael Guzmán, resaltando la complejidad del legado de Fujimori.
La ejecución de la medida autoritaria de Fujimori fue rápida; en solo 14 minutos, las Fuerzas Armadas tomaron control de instituciones clave, arrestando a figuras opositoras, incluidos los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Los medios de comunicación que se oponían al régimen también fueron atacados, y periodistas fueron detenidos por su labor informativa.
Fujimori polarizó al país. Su gobierno enfrentó severas acusaciones por abusos de derechos humanos, incluida la censura sistemática de medios y la persecución de opositores políticos. Organizaciones de derechos humanos documentaron estos abusos, lo que generó un amplio rechazo tanto a nivel nacional como internacional.
El 11 de septiembre de 2024, Alberto Fujimori falleció a causa de cáncer, tras una larga batalla contra la enfermedad. Su muerte coincidió con el tercer aniversario de la muerte del líder senderista Abimael Guzmán, resaltando la complejidad del legado de Fujimori. Después de su muerte y a pesar de su encarcelamiento por corrupción y violaciones a los derechos humanos, el fujimorismo sigue vivo a través de su partido, Fuerza Popular, que mantiene una considerable influencia política en el país.
Hoy, 33 años después del autogolpe, el legado de Fujimori sigue siendo objeto de intenso debate. La memoria de este episodio es necesaria para la defensa de la democracia en Perú, recordando a las generaciones futuras la importancia de preservar las instituciones democráticas y los derechos humanos. La lucha por la memoria histórica continúa, y es esencial para evitar que se repitan hechos como éste; porque el autogolpe, desde todo punto de vista, fue una medida anticonstitucional y antidemocrática, ya que representa un claro desprecio por los principios de la democracia y el estado de derecho.
