El Ministerio Público no se detiene y puso en marcha nuevamente una serie de diligencias sobre la investigación preliminar por presunto recorte de sueldos a trabajadores del despacho de la congresista Magaly Ruiz, militante de Alianza para el Progreso. Ella ya fue salvada por sus colegas, pero solo a nivel del Congreso; en la cancha de la Fiscalía, el desenlace puede ser otro.
A responder
Como parte de estas acciones, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción citó a diversos testigos con el fin de esclarecer los hechos. Entre ellos se encuentra el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay, quien debió responder hoy a las 9 de la mañana en condición de testigo. Sin embargo, no se ha confirmado si Namay respondió pues viene cumpliendo con una serie de actividades protocolares en la provincia de Julcán.
Las diligencias forman parte de una investigación que involucra a los exasesores parlamentarios Johnny Romero Nima y Jaime Sánchez Parra, sobre quienes pesa una acusación preliminar por la presunta comisión del delito de concusión, modalidad delictiva dentro de los delitos contra la administración pública. La Fiscalía busca determinar si ellos participaron en una supuesta red de recorte de salarios.
Entre las personas involucradas también se encuentra Camila Mantilla Heredia, expareja del hijo de la congresista Ruiz, quien aparece señalada por su posible participación en el delito de colusión agravada. Se investiga si ella, además de haber sido víctima del recorte, habría tenido un rol en la canalización de fondos obtenidos de manera irregular.
Antecedente
Una de las declaraciones claves provino del exasesor Johnny Romero, quien señaló en un programa dominical que parte del dinero reunido en el Congreso era enviado a Trujillo para financiar presuntamente la campaña política de APP. En su testimonio, mencionó haber entregado personalmente un sobre con dinero a Martín Namay, luego de coordinar previamente la entrega.
Del mismo modo, la Fiscalía llamó a declarar el 24 de junio a Jeffrey Marrufo Ruiz, hijo de la parlamentaria, así como a Carlos Marina Puscan, uno de los extrabajadores que denunció el recorte. Él responderá recién el próximo 3 de julio.
