La Contraloría General de la República reveló serias deficiencias en materia de seguridad ciudadana dentro de ocho municipalidades de La Libertad, las mismas que han sido declaradas en estado de emergencia. El operativo logró detectar hasta 43 situaciones adversas vinculadas al funcionamiento de sistemas de videovigilancia, patrullaje municipal e implementación de planes de seguridad.
No se preocupan
Según el informe emitido por el Órgano de Control, los casos más relevantes son de las municipalidades de Huanchaco, Florencia de Mora y Pataz, donde más del 60% de sus cámaras de vigilancia están inoperativas. Por otro lado, Virú ni siquiera cuenta con un sistema de monitoreo, pese a que la provincia ha sido declarada en emergencia y que el propio alcalde se ha manifestado en múltiples oportunidades en contra de la inseguridad ciudadana.
Asimismo, en el distrito de El Porvenir, la Contraloría detectó que 47 de 73 cámaras de videovigilancia no graban con nitidez, mientras que en Trujillo y Pataz -provincias que también han sido declaradas en emergencia hace más de un año- las cámaras de seguridad no han recidido el mantenimiento adecuado.
Cabe resaltar que, en el caso de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el alcalde Mario Reyna anunció la adquisición de 300 cámaras de videovigilancia con el fin de instalar 20 centrales de vigilancia en la provincia.
Falta todo
El informe también señala que ninguna de las ocho municipalidades inspeccionadas proporciona equipamiento completo a su personal de serenazgo. De los 198 vehículos destinados al patrullaje, 18 están inoperativos y 27 se encuentran sin uso, pese a estar operativos, por decisiones administrativas o por falta de coordinación.
Se identificó además la ausencia del Plan Específico 2025 en las municipalidades de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora, así como la falta de mapas del delito en Huanchaco y Florencia de Mora. Virú, por su parte, no realiza patrullaje integrado con su comisaría local.
Los hallazgos fueron documentados en informes individuales y consolidados en un reporte enviado al presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, presidido por el gobernador regional, César Acuña, a fin de que se ejecuten acciones correctivas conforme a la Ley Nº 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
