Su nombre es Víctor Orlando Sánchez Iparraguirre, un minero de Pataz con mucho poder económico, así como influencia sobre lo que ocurre en la provincia de Pataz, en La Libertad. Tanto así, que es capaz de poner freno a una obra pública sin que le pase nada.
El diario El Comercio dio a conocer este caso sobre Sánchez Iparraguirre, quien es parte de un clan familiar de la minería informal con inscripciones en el polémico Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Orlando Sánchez ya ha sido retirado del registro, por lo que hoy tiene condición de minero ilegal, sin embargo tres hermanos suyos continúan con inscripciones vigentes en Pataz.
Este clan posee propiedades en distintas regiones y varios negocios. Algunos están relacionados con la minería: extracción de oro, polvorines para comercializar explosivos y empresas de transportes. El Comercio reveló que tienen además otros negocios ligados con la diversión, como un night club y el moderno hotel Orlando’s, un edificio que tiene varios pisos con centro comercial y grifo.
Orlando Sánchez afronta tres investigaciones fiscales por delitos ambientales. Pero ahora ha generado un gran problema en las labores del Estado para fiscalizar los materiales y minerales que entran y salen de la convulsa Pataz.
Una de las propiedades que afirma poseer en la zona, hoy está bloqueando la rehabilitación de la vía de Calquiche, donde se implementa uno de los tres nuevos puestos de control de la provincia de La Libertad.
la funcionaria recordó que incluso su hermana Teonila Maura Sánchez Iparraguirre fue a la sede del GORE de La Libertad, en Trujillo, para amenazarlos con denunciarlos si las obras no se detenían.
Lo detalles del caso
Cabe indicar que desde este año el Gobierno emitió un dispositivo para implementar tres puestos de control que permitan fiscalizar y controlar el transporte y comercialización de insumos y materiales, así como equipos y maquinarias que puedan ser utilizados en la pequeña minería y minería artesanal, entre otros productos obtenidos en dicha actividad.
Se trata de los puestos son Pamparacra, Shicun y Calquiche, ubicados en distintos puntos de Pataz. Estos se suman a Chagualito, que hasta ahora era el único lugar que fiscalizaba a los cientos de camiones que a diario salen de Pataz con toneladas de mineral aurífero.
Uno de estos tres nuevos puestos de control es Calquiche, ubicado en una zona estratégica: cerca del río Marañón y de la ruta por la que los camiones transitan con rumbo a Trujillo y otras ciudades de la costa peruana donde el mineral aurífero se procesa para luego convertirse en oro.
En Calquiche, así como en los otros puestos de control, se busca efectuar una fiscalización más estricta, con presencia de militares y policías, funcionarios de Sunat, Sucamec, Sutrán, Migraciones y del Ministerio de Energía y Minas.
Sin embargo, en Calquiche hay problemas para implementar un tramo de 150 metros de la vía donde está el puesto de control. Se trata de Pampa de Calquiche, predio de Estanislao Ruiz Acosta, miembro de la comunidad campesina Leoncio Prado – Vista Florida y quien vive en el lugar. Orlando Sánchez asegura que es posesionario de un terreno que abarca parte la vía, el cual está en un predio que, asegura, le vendió Estanislao Ruiz.
«Como considera que parte de la vía es su propiedad, el minero ha puesto trabas para que la ruta no se rehabilite. Incluso cercó parte de la carretera, donde ahora hay cerros de arena, lo que dificulta más las labores en el lugar, algo que un equipo de El Comercio verificó en un recorrido por la zona», señala el reportaje.
Según se denunció, Orlando Sánchez y otras personas llegaron a paralizar los trabajos de rehabilitación que se hacían en la vía con amenazas de muerte a los trabajadores. Habría una alianza entre el minero y dirigentes de la comunidad. También se indicó en la zona que la intención de Sánchez es evitar la fiscalización de sus camiones que transportan el mineral.
Reacciones
Consultado por el diario El Comercio, Ruiz respondió que él le vendió a Sánchez el terreno hasta la falda del cerro, pero no la carretera porque eso le pertenece al Estado. “No he vendido eso señorita, por favor, déjenme tranquilo”, dijo.
El mencionado diario recordó que Orlando Sánchez, a fines de mayo, estuvo en las inmediaciones de una mesa de trabajo multisectorial realizada en Pataz, que presidió el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. En el evento, al minero ilegal, quien estaba con su casco de seguridad y chaleco, se le vio regulando el ingreso de los asistentes a la mesa.
Mirella Urrelo Seijas, gerente regional de Transportes y Comunicaciones de La Libertad, confirmó que en la vía del puesto de control de Calquiche hay una interferencia en los trabajos de rehabilitación.
“Ya deberíamos haber culminado las obras en julio; sin embargo, solo hemos avanzado un 70% debido a que el señor Orlando Sánchez ha hecho una denuncia [al GORE de La Libertad] aduciendo ser el propietario de la vía”, declaró.
Y agregó que los hermanos Sánchez Iparraguirre han cercado con alambre y depositado desmonte de arena en una parte de la carretera que dicen ser de su propiedad.
Aún más, la funcionaria recordó que incluso su hermana Teonila Maura Sánchez Iparraguirre fue a la sede del GORE de La Libertad, en Trujillo, para amenazarlos con denunciarlos si las obras no se detenían.
Urrelo informó que ya se le comunicó al procurador público del GORE sobre las acciones legales que se iniciarán contra Orlando Sánchez.
