Escribe: Eduardo Zafra
El pasado domingo 13 de julio, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, viajó hasta la ciudad de Piura para participar en una reunión partidaria con ciudadanos de dicha ciudad.
En el video, se puede ver a Acuña participando en un mitin político acompañado de 4 jóvenes, entre ellos la cuestionada trabajadora del Congreso, Yesenia Lozano -quien tenía colgada una foto del líder de Alianza Para el Progreso en su oficina-, mientras que un banner con la inscripción «Acuña Presidente» adornaba la escena.
¿Se le viene la noche?
Tras la difusión de dicho video, medios de comunicación interpretaron la actuación del gobernador regional liberteño como la confirmación de su posible candidatura presidencial para las elecciones de este 2026. A pesar de que, al ser cuestionado por la prensa, César Acuña continúa manteniendo la postura de que «aún hay tiempo» y de «estar enfocado plenamente en la región», lo cierto es que el Jurando Nacional de Elecciones ha detectado una posible vulneración al principio de neutralidad en el periodo electoral, por lo que, tras emitir un informe, el mismo será elevado a Jurado Electoral Especial de Chiclayo con el fin de evaluar y actuar conforme a la normas establecidas.
«César Acuña Peralta, Gobernador Regional de La Libertad habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante la realización de propaganda y proselitismo político en favor de la organización política Alianza para el Progreso. Por lo expuesto, se habría producido la vulneración a la normativa electoral vigente, de acuerdo a lo señalado en el numeral 32.1.5 del artículo 32 al Reglamento, conforme se detalla en los numerales del 3.4 al 3.6 del presente documento; lo que se pone a consideración del Jurado Electoral Especial de Chiclayo», se lee en el informe.
Hablan los especialistas
Conexión Norte se comunicó con el abogado y especialista en temas electorales, Tomás Alva, quien manifestó que el informe en realidad es un informe ambiguo, puesto que, para emitir una opinión respecto a que una autoridad infrinja el principio de neutralidad, primero habría que determinar en que momento una persona deja de ser autoridad y pasa a ser ciudadano.
Según lo manifestado por Tomás Alva, el mitin se habría llevado a cabo el domingo, cuando el gobernador regional no estaba en funciones. Sumado a esto, según el marco legal, cualquier persona tiene un derecho a una opinión política, dato que, según Tomas Alva, también tendría que analizarse.
«Entonces, aquí habría que deslindar en qué momento un ciudadano deja de ser servidor público. Tengo entendido que este evento se realizó fuera de horario de oficina, entonces esta disyuntiva la va a tener que zanjar el Jurado Nacional de Elecciones para buscar si es que hay o no hay una violación al principio de autoridad», manifestó Tomás Alva.
