Escribe: Lucho Caro
Hace unas semanas, en Trujillo, un hombre fue detenido tras ser descubierto en posesión de pornografía infantil de su hija de sólo 7 años. Este caso, que se conoció cuando un técnico de un local de reparaciones de celulares alertó a la Policía Nacional del Perú, expone una realidad alarmante: la violencia sexual infantil en nuestro país.
El detenido, de 34 años, no sólo mostró desprecio por la inocencia de su propia hija, sino que además intentó justificar su conducta con una excusa que exacerba más la indignación, poniendo en manifiesto su desconocimiento de ka gravedad del hecho.
Las cifras son escalofriantes: entre enero y octubre de 2024, los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) atendieron 10,908 casos de niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas de abuso sexual. De estos, se reportaron 22,788 casos de violencia sexual en total, lo que representa una crisis que demanda atención inmediata.
La violencia sexual en la infancia no sólo aniquila la inocencia, sino que deja cicatrices que perduran toda la vida. Además, el hecho de que un 94% de las víctimas sean mujeres resalta la urgencia de abordar esta problemática de manera integral.
En el primer trimestre de 2025, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron a más de 3,000 personas víctimas de violencia sexual, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este dato equivale a una denuncia cada 40 minutos, y casi el 60% de las víctimas son menores de edad. Lima Metropolitana concentró 802 casos, pero no es la única región afectada; Arequipa, Cusco y La Libertad también presentan cifras alarmantes. Es inaceptable que niñas y adolescentes sigan siendo las más vulnerables, muchas veces atacadas por quienes deberían ser sus protectores.
Estos números no son sólo estadísticas; son vidas destruidas. La violencia sexual en la infancia no sólo aniquila la inocencia, sino que deja cicatrices que perduran toda la vida. Además, el hecho de que un 94% de las víctimas sean mujeres resalta la urgencia de abordar esta problemática de manera integral.
La cultura del silencio debe romperse de inmediato. La sociedad tiene la obligación de exigir a las autoridades un compromiso real y contundente para prevenir y sancionar la violencia sexual. Cada caso no puede ser sólo un titular de un día; debe ser un llamado a la acción, porque si no actuamos con firmeza ahora, estaremos condenando a futuras generaciones a vivir en un ciclo de violencia y abuso. La protección de nuestros niños y niñas no es negociable; es un imperativo moral que todos debemos abrazar sin excusas.
