Escribe: Celeste Rolando Quiroz
[Especialista en Gestión Pública y Derecho de Familia]
Este flagelo social y de salud pública debería estar en agenda política de los que pretenden gobernar. No basta con indignarnos cuando vemos las noticias las cifras de violencia sexual contra nuestras niñas. Una menor de edad nunca consiente, esto es: VIOLENCIA. Su salud, educación y su bienestar se quiebran, y no es una estadística, es una herida abierta en nuestro país.
Una violencia traumática que afecta directamente a las niñas y adolescentes; una realidad en donde más 176 niñas menores de 14 años se han convertido en madres en lo que va del año 2025 en el Perú, según el Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo -cifras que solo son reportadas-.
Sin embargo, no es el único momento de sufrimiento que las víctimas deben pasar, ya que por añadidura la indiferencia del Estado y el estigma de la sociedad provoca que muchas de las víctimas lleven el embarazo forzado, lo que ha sido calificado como crimen de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, y muy a pesar de que las causas del embarazo en adolescentes son conocidas (violencia sexual, falta de educación sexual y la desigualdad de género) el Estado no ha logrado reducir significativamente las cifras, trayendo consigo un problema con consecuencias graves que se relacionan con cuestiones de salud, educación, empleo, vulnerabilidad social, pobreza y derechos humanos, limitando así el desarrollo de las niñas y adolescentes de nuestro país.
nuestro deber es visibilizar, sensibilizar y concientizar sobre esta dura realidad. Reducir estas cifras alarmantes también es tarea de todos.
Tenemos claro que prevenir el embarazo en adolescentes es un tema de garantía de derechos, de protección y de responsabilidades del Estado, por lo que considero no solo pertinente, sino urgente que desde el Gobierno se deba trabajar en el fortalecimiento de la educación sexual y reproductiva, a través de estrategias y programas nacionales de acceso universal. Además de priorizar los servicios de salud integral para poder brindar un servicio de calidad gratuito que no solo prevenga el embarazo adolescente, sino que también lo detenga de suceder por segunda vez en madres adolescentes en estado de vulnerabilidad; como también suministrar de manera gratuita métodos anticonceptivos modernos y garantizar la distribución del anticonceptivo oral de emergencia.
Asimismo, debemos tener claro que ninguna política pública funciona si no hay un compromiso real de la sociedad, por lo que nuestro deber es visibilizar, sensibilizar y concientizar sobre esta dura realidad. Reducir estas cifras alarmantes también es tarea de todos.
