Ya estaba cantada. Este martes se formalizó la moción de censura contra Juan José Santiváñez, la misma requiere 33 firmas como mínimo.
Inicialmente, 36 parlamentarios firmaron la moción, pero Heydi Juárez (Podemos Perú) retiró su rúbrica. Para su aprobación de la censura se necesitan 66 votos. Como era previsible, no firman congresistas aliados del gobierno como Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País y Acción Popular.
Los promotores de la censura sostienen que la reincorporación de Santiváñez en una cartera clave como Justicia y Derechos Humanos “no solo desconoce la sanción política previamente impuesta, sino que también erosiona la institucionalidad democrática al debilitar el control parlamentario sobre el Ejecutivo”.
“La designación de Juan José Santiváñez como Ministro de Justicia y Derechos Humanos constituye una vulneración abierta al espíritu de la censura parlamentaria, pues el Congreso ya le retiró la confianza en marzo de 2025 por su ineficacia frente a la inseguridad”, dice el documento presentado.
La moción tendría que ingresar a la agenda del pleno la próxima semana.
se alega que Santiváñez fue censurado por el Congreso el pasado 21 de marzo por su “incapacidad para hacer frente a la creciente ola de inseguridad ciudadana en el país”
Tremenda joya
En el documento sustentatorio se alega que Santiváñez fue censurado por el Congreso el pasado 21 de marzo por su “incapacidad para hacer frente a la creciente ola de inseguridad ciudadana en el país” en el Ministerio del Interior; y que enfrenta “graves procesos judiciales que comprometen su idoneidad para ejercer el cargo”, como una investigación por tráfico de influencias agravado, por el cual se le dictó impedimento de salida del país por 18 meses.
Santiváñez también enfrenta una acusación por abuso de autoridad, en su gestión en el Ministerio del Interior, donde presuntamente hostigó a un periodista; además de una denuncia constitucional ante el Congreso, por omisión de denuncia al no haber informado el uso de un vehículo oficial para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón.
También se le considera “hombre clave” en una presunta organización criminal, con la función de “articular redes de poder político y policial para direccionar contratos públicos, influir en ascensos y permanencias de generales de la Policía Nacional, proteger operaciones mineras ilegales y encubrir actos ilícitos en la administración pública”.
