A escasos tres días de culminar su gestión como gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta fue notificado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por cometer una infracción a la Ley de Publicidad Estatal. El organismo electoral concluyó que el líder de Alianza para el Progreso (APP) vulneró el principio de neutralidad durante el periodo electoral al emitir declaraciones públicas que favorecen directamente a su partido.
En problemas
Según la Resolución N.° 00278-2025-JNE, el JNE determinó que Acuña incurrió en las infracciones tipificadas en los numerales 32.1.2 y 32.1.5 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad. Estas disposiciones prohíben expresamente a las autoridades utilizar recursos públicos o espacios oficiales para realizar propaganda política, especialmente en tiempos electorales. El fallo se basa en la normativa establecida en la Ley Orgánica de Elecciones.
Las declaraciones de Acuña se produjeron el pasado 2 de octubre durante un evento protocolar, en el cual entregó maquinaria a diversos distritos de La Libertad. En ese contexto, el gobernador no dudó en expresar abiertamente su respaldo a APP, asegurando que su partido es «la mejor opción» para quienes aspiren a un cargo parlamentario. “Ahorita APP está de moda… modestia aparte, creo que la mejor opción para ser diputado o senador es Alianza para el Progreso”, afirmó.
Ya fue notificado
El contenido de sus palabras fue verificado por el medio Conexión Norte, que accedió al registro completo del evento. El mensaje político, emitido en un acto público y con recursos del Estado, constituye una clara vulneración a las normas que exigen neutralidad de las autoridades en funciones. Este hecho ha generado críticas por el uso indebido de su posición como funcionario público para beneficiar a su agrupación política.
Este pronunciamiento del JNE se da en un momento clave, justo cuando Acuña se prepara para dejar el gobierno regional. Aunque la sanción no incluye, por ahora, consecuencias penales o administrativas adicionales, sí representa un llamado de atención sobre el respeto a la neutralidad electoral. El caso también reabre el debate sobre los límites entre la gestión pública y la promoción partidaria en el ejercicio del poder.
