En el 2019, cuando gobernaba el expresidente Martín Vizcarra, el Congreso fue cerrado. La calle celebró esta decisión. El primer ministro era el actor nacional Salvador del Solar, quien fue el que solicitó una cuestión de confianza que derivó en el cierre del Legislativo.
Seis años después, y en un acto que muchos consideran una venganza política y una “limpiada de camino” con miras a las elecciones 2026, el Congreso de la República denunció constitucionalmente a Del Solar y lo inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos.
La denuncia del Congreso era a todas luces descabellada. Por eso, Salvador del Solar presentó una demanda de amparo contra el Parlamento. En ella señaló que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SCA) había vulnerado sus derechos fundamentales, como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable; a la debida motivación; a la presunción de inocencia; igualdad de trato; entre otras.
las acusaciones provenientes de la Comisión Permanente, y de sus órganos, deben plantearse dentro de un máximo de cinco años
La razón de la nulidad
El Poder Judicial tuvo que anular el juicio político del Congreso porque caducó el plazo que establece el artículo 99 de la Constitución; es decir, las acusaciones provenientes de la Comisión Permanente, y de sus órganos como la SAC, deben plantearse dentro de un máximo de cinco años. La cuestión de confianza fue solicitada en 2019, 6 antes de la denuncia del Congreso.
La resolución del Poder Judicial también ordena que el Congreso asuma los costos del proceso. Es decir, debemos pagarlo todos los peruanos.
El también exministro de Cultura se pronunció en su cuenta personal de X, donde dijo que “este caso nunca debió existir”.
