Quiere vivir de su aporte a la Nación. La vacada por incapacidad moral, Dina Boluarte, inició el trámite para que se le asigne la pensión vitalicia y todos los beneficios que la ley otorga a los expresidentes.
Según Cuarto Poder, Boluarte envió una carta dirigida a Fernando Rospigliosi, exigiéndole el pago inmediato de su pensión. “Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y en mi condición de expresidenta constitucional de la República, le solicito disponga se me otorgue la pensión establecida en la Ley 26519”, dice la carta.
Y no solo eso. La exmandataria pide que se le asignen todos los beneficios de apoyo. “Solicito que se me asignen los beneficios logísticos y de personal señalados en el Acuerdo de Mesa Directiva N° 78 de 2016”, exige. Es decir, un vehículo oficial de por vida para uso personal, 150 galones de gasolina mensuales equivalentes a entre S/ 2.200 y S/ 2.500, personal de seguridad del Estado, un asesor y la contratación de un trabajador CAS elegido por ella, con un sueldo de S/3.700 mensuales.
De aprobarse, el dinero saldrá del presupuesto del Congreso. Especialistas sostienen que en tanto no haya una acusación constitucional aprobada por el Congreso, le corresponde el beneficio.
Pide anular su vacancia
Dina Boluarte presentó una demanda de amparo para dejar sin efecto la resolución parlamentaria que la vacó, declarándola incapaz moral de forma permanente.
Su defensa alega vulneración del debido proceso en el Congreso y exige que el Poder Judicial retroceda el procedimiento hasta antes de la admisión del pedido de destitución. Es decir, que la repongan como presidenta.
Sus abogados sostienen que Boluarte no tuvo un espacio real para ejercer defensa, que no se respetó el principio de igualdad y, aunque parezca risible, que la resolución que la vacó dañó su honor y buena reputación.
Pero no las tiene todas consigo. El Poder Judicial evalúa hoy lunes 24 de noviembre el pedido de impedimento de salida del país de Boluarte por 18 meses.
La Sala Penal Permanente de Corte Suprema revisa la apelación presentada por la Fiscalía por el caso Cirugías por el presunto delito de negociación incompatible.
