Según explicó, la situación es inadmisible porque los ciudadanos siguen sin recibir alertas oportunas, lo que no solo incrementa la sensación de inseguridad, sino que pone en peligro la vida de miles de personas.
Nunca funcionaron
La funcionaria precisó que la Defensoría del Pueblo ya prepara un pedido formal de explicaciones, cuestionando la aparente ineficiencia de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad sísmica de la región. Este caso plantea serias dudas sobre la capacidad de respuesta de las instituciones frente a emergencias y deja en evidencia la necesidad urgente de revisar y modernizar los sistemas de alerta.
“No podemos permitir que la falta de mantenimiento o de gestión del INDECI siga dejando a la población desprotegida frente a la naturaleza”, señaló.
La alarma social crece mientras los ciudadanos exigen acciones concretas y responsabilidades claras, y la Defensoría advierte que no se quedará de brazos cruzados ante la reiterada desatención de las autoridades.
