Lo que se advirtió como una estrategia de copamiento es hoy una realidad electoral. Tras los resultados de las elecciones generales de abril, se ha confirmado que la denominada «casta congresal fujimorista» ha logrado consolidarse en el nuevo Parlamento. El analista político Diego Lazo, citando la investigación de la periodista Rosa María Palacios, denunció que esta red de funcionarios logró ser elegida bajo condiciones éticamente cuestionables.
El «escudero» de los Cuellos Blancos vuelve por La Libertad
En este escenario, resalta el nombre de Gilmer Trujillo Zegarra, quien asegura su presencia en el Legislativo como representante de La Libertad. Trujillo no es un rostro nuevo; se hizo conocido por integrar la mayoría fujimorista que blindó sistemáticamente las investigaciones contra personajes vinculados a la corrupción, como el exfiscal de la nación Pedro Chávarry, acusado de integrar la organización criminal «Los Cuellos Blancos del Puerto», y el exjuez César Hinostroza, a quien también protegió con su voto.
Además, arrastra el cuestionamiento de haber figurado como afiliado al SIS (programa para personas de bajos recursos) mientras ocupaba altos cargos estatales.
sectores que denuncian el exceso de burocracia han llevado al Congreso a personas que llevan más de 20 años viviendo del presupuesto público y que ahora prolongarán esa permanencia por cinco años más.
Otros elegidos con historial propio
El núcleo de la denuncia reside en que los nuevos congresistas son empleados que han trabajado en el Palacio Legislativo durante las últimas dos décadas. Entre ellos destaca Carmela Paucará, colaboradora parlamentaria e investigada en el caso «Cócteles», quien fue elegida por Piura pese a no haber nacido ni residir en dicha región.
A esta lista se suma Abensur Pinasco, trabajador del Congreso por más de 20 años, señalado por haber facilitado la logística institucional para actividades de la cúpula partidaria. Junto a ellos, figuras como Marco Antonio Pacheco Quispe y Rafael Aldo Celis Castillo completan este grupo de funcionarios que ahora ostentarán el poder legislativo directamente.
Un caso que ilustra este reciclaje es el de Karina Beteta. Tras haber sido congresista y quedar fuera del cargo electo en el periodo anterior, Beteta volvió a las filas del Legislativo para trabajar nuevamente bajo el presupuesto del Estado en el área parlamentaria. Ahora, tras asegurar su continuidad en la estructura pública, retorna oficialmente a un escaño, cerrando el círculo de permanencia que denuncia Palacios.
@rmapalacios da cuenta de una casta congresal fujimorista. Más de 10 empleados del parlamento ahora serán congresistas. Postularon por regiones en las que no viven ni trabajan y algunos llevan cobrando los jugosos sueldos y bonos congresales por más de 20 años. QUIÉN DIJO CAVIAR? pic.twitter.com/gtiII6pT2z
— Diego Lazo (@diegolazoh) May 6, 2026
Representantes «foráneos»
Un punto crítico validado por las urnas es que estos flamantes congresistas ganaron por regiones en las que ni viven ni trabajan.
Esta maniobra les permitió utilizar la estructura partidaria para obtener una curul en distritos electorales lejanos a su realidad cotidiana, quebrando el principio de representatividad territorial y asegurando su continuidad en el Estado, ahora desde un escaño.
¿Burocracia o «caviarismo» de derecha?
La elección de estos padres de la patria pone en entredicho el discurso de renovación y la crítica constante hacia el gasto estatal. Como señaló Lazo en su cuenta de X: “¿Quién dijo caviar?”.
La paradoja es evidente: sectores que denuncian el exceso de burocracia han llevado al Congreso a personas que llevan más de 20 años viviendo del presupuesto público y que ahora prolongarán esa permanencia por cinco años más.
