La minería ilegal en el Perú moviliza alrededor de US$12.000 millones, una cifra alarmante que continúa creciendo de la mano de redes de corrupción y lavado de activos. Así lo analizaron los abogados Wilder Teatino Ticlio y Godofredo García León, quienes coincidieron en que el avance de esta actividad ilícita pone en riesgo la institucionalidad del país y debilita la confianza ciudadana en las autoridades.
Plantean una salida
En este escenario, La Libertad —considerada la principal región productora de oro del país— enfrenta el desafío urgente de combatir las economías ilegales y fortalecer los mecanismos de control estatal. Para el abogado y docente universitario Wilder Teatino, la lucha contra la corrupción debe centrarse en sanciones efectivas y en la recuperación de los bienes obtenidos ilícitamente.
“El Estado debe buscar mecanismos alternativos con la finalidad de reducir el índice criminal de corrupción de funcionarios. Lo que interesa es que las personas que se han beneficiado de la corrupción sean sancionadas de manera ejemplar con la devolución de los bienes afectados. Se tiene que resguardar el patrimonio estatal”, sostuvo.
Por su parte, el abogado Godofredo García León explicó que el crimen organizado encuentra sustento en dos factores clave: el lavado de dinero y la corrupción. “Todo delito para perpetrarse necesita de lavado de dinero y, segundo, para generar impunidad necesita de la corrupción. Existe por malos elementos de la Policía, que entiendo no son todos; básicamente, el crimen se centra en un foco que le dé ingresos, luego poder, contactos e impunidad”, afirmó el especialista, al advertir sobre la infiltración de organizaciones criminales en distintas estructuras del Estado.
Las declaraciones de ambos juristas se producen en un contexto preocupante para el país. Según el más reciente reporte de Transparencia Internacional, el Perú descendió de 38 a 30 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) entre los años 2020 y 2025. Para Wilder Teatino, esta caída refleja el creciente nivel de desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas. “Básicamente la desconfianza se da por impunidad; estos elementos son los que están en el poder y, en algunos casos, capturan el Estado”, señaló.
