En una reciente entrevista con Omar Aliaga, en el podcast «Habla y te Salvas», el abogado penalista Alfredo Galindo analizó las decisiones del Ministerio Público en el caso del vigilante atropellado por la empresaria Maricsa Alfaro Cerna. Desde su experiencia técnica, Galindo calificó de «inexplicable» la rapidez con la que el fiscal optó por un proceso inmediato en lugar de formalizar la investigación preparatoria.
“Formalizando la investigación preparatoria y pidiendo una prisión preventiva, luchándola, quizás se hubiese evitado como fiscal muchos problemas… no era dable pedir proceso inmediato”, señaló el especialista.
Galindo enfatizó en la responsabilidad jerárquica, mencionando que la validación de estas decisiones recae en el fiscal provincial, quien firma los requerimientos del despacho. El jurista cuestionó que se aceptara una acusación «ajustada» de 5 años y 4 meses, lo que facilita que la procesada reciba una pena mínima: “Es el (fiscal provincial) el que firma el requerimiento… yo cuando venía el adjunto y me decía ‘firme esto’, yo lo revisaba y si no estaba de acuerdo le decía: sabes qué, cámbialo porque eso no voy a firmar».
Alertó que, si por algún motivo la sentencia es menor a 5 años, la acusada no tendría prisión efectiva.
El penalista lamentó que el apuro por cerrar el expediente impidiera investigar a fondo las presuntas irregularidades en las actas policiales y la gravedad de que la conductora estuviera ebria y sin licencia.
Durante el análisis, el abogado advirtió que el fiscal dejó vacíos técnicos peligrosos al no plantear una «acusación alternativa». Galindo explicó que, si la defensa intenta culpar a una supuesta negligencia médica en el hospital para librar a la empresaria del homicidio, el fiscal no tiene un plan de respaldo.
El penalista lamentó que el apuro por cerrar el expediente impidiera investigar a fondo las presuntas irregularidades en las actas policiales y la gravedad de que la conductora estuviera ebria y sin licencia.
Galindo concluyó que este manejo apresurado del sistema deja a los deudos en una situación de total vulnerabilidad legal. “Se terminó la audiencia y ya todos en paz, menos la familia”, remarcó sobre el cierre de una audiencia que, a su juicio, careció de la combatividad que la legalidad exigía.
