El desarrollo del proceso por la muerte del vigilante Juan Martínez Torres ha evidenciado, una vez más, el impacto real de las denominadas “leyes procrimen” impulsadas desde el Congreso de la República. El actual sistema legislativo, diseñado mediante reformas que favorecen al procesado, ha estructurado un blindaje jurídico que permite a Maricsa Alfaro Cerna eludir una responsabilidad penal severa, demostrando un marco legal que maniata la capacidad de acción de la justicia peruana.
El abogado penalista Alfredo Galindo advirtió que este escenario es consecuencia directa de la labor de las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular y Alianza para el Progreso, las cuales han legislado para elevar las vallas probatorias. Según Galindo, este paquete legislativo ha «atado de manos» a los operadores de justicia, forzándolos a tratar casos con desenlaces fatales bajo una flexibilidad que insulta a las víctimas.
“El Congreso ha legislado para el infractor, permitiendo que la prisión preventiva sea casi imposible de aplicar en estos casos”, señaló el jurista, indicando que estas leyes garantizan beneficios procesales que aseguran que el investigado no pise la cárcel.
Galindo señala que el blindaje jurídico construido desde el Parlamento confirma que la normativa actual no permite justicia real para los deudos de Juan Martínez Torres.
El especialista consideró que, en la práctica, este esquema legal obliga a que los procesos penales se conviertan en una «puerta giratoria» donde se prioriza la celeridad administrativa y los derechos del procesado. En Trujillo, estas leyes operan como una red de seguridad para Alfaro Cerna, facilitando que el proceso se dilate o se resuelva con penas mínimas.
Galindo señala que el blindaje jurídico construido desde el Parlamento confirma que la normativa actual no permite justicia real para los deudos de Juan Martínez Torres, sino garantizar que, bajo el amparo de la ley, la implicada mantenga su libertad en tiempo récord.
