Escribe: Lucho Caro
La noche del domingo 3 de mayo transcurría bajo el letargo habitual de la urbanización El Golf. Era una jornada envuelta en ese silencio artificial de las calles custodiadas, donde el tiempo parece detenerse entre las sombras de las casas de la «gentita». Juan Martínez Torres permanecía en su lugar de siempre, en la calle Las Capullanas, cumpliendo la rutina de quien vigila el sueño ajeno. No había amenazas en el aire; era sólo un hombre en su turno, entregado a la calma de una madrugada que prometía terminar sin novedades.
De pronto, la paz se hizo añicos. El estrépito de un motor rompió la quietud y una camioneta blanca, conducida por Maricsa Alfaro Cerna, irrumpió como una sombra errática y veloz. El vehículo, fuera de control y sin rastro de frenos, no le dio margen de reacción. Juan recibió el impacto de lleno, siendo aplastado contra la estructura que resguardaba su espalda. Fue una explosión seca de metal contra carne que le destrozó la columna y las costillas, proyectándolo contra la vereda fría. El estruendo del choque despertó al vecindario, marcando el inicio de la tragedia.
Con el cuerpo quebrado sobre el asfalto y atrapado por el dolor de sus huesos rotos, Juan Martínez percibió cómo la camioneta que lo acababa de destruir realizaba maniobras desesperadas para abandonar la escena. Maricsa Alfaro pretendió huir, pero la rápida reacción de los vecinos, que salieron de sus casas alertados por el ruido y bloquearon el paso del vehículo, frustró la fuga en seco. Sólo entonces, forzada por la presión de quienes la rodearon para impedir que escapara, descendió de la unidad.
Tras cinco días de resistencia estéril contra un cuerpo que ya no le respondía, su corazón se detuvo. Su muerte transformó el caso en un homicidio culposo, aunque la justicia no ha logrado actuar con la misma contundencia con la que la camioneta blanca actuó sobre él.
No lo hizo con el espanto de quien reconoce una desgracia, sino con una parsimonia gélida e insultante. El video captado por las cámaras de seguridad de las casas contiguas retrata el desprecio en su estado más puro: mientras Juan lanzaba desde el pavimento alaridos desgarradores, ese lamento visceral de quien siente que la vida se le escapa, ella se limitaba a observarlo. Con la mirada nublada por el alcohol y una calma que profanaba la agonía de la víctima, soltó la pregunta que hoy es el sello de su infamia: “¿Estás bien?”. Lo dijo con la ligereza de quien pregunta por un objeto caído, ignorando al padre de familia que se desangraba a sus pies.
Aquel escenario desnudó una violencia simbólica insoportable: los gritos de un hombre destruido frente a la indiferencia de una mujer que apenas lograba sostenerse en pie. El dosaje etílico posterior confirmó la magnitud de la irresponsabilidad: 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite legal. Aquella noche, el alcohol le borró la conciencia a la empresaria, pero no la frialdad con la que contempló el desastre provocado por sus propias manos al volante de ese proyectil de acero.
El traslado de urgencia al Hospital Belén coincidió con el inicio de otros atropellos, el primero se gestaba en las oficinas de la ley a punta de papel. En la comisaría de Buenos Aires se redactó un acta ambigua, un documento con omisiones sospechosas que intentó filtrar la narrativa de una «caída de altura». Fue el intento de blindar con tinta lo que la sangre ya había marcado en la calle. Y después, mientras Juan luchaba por cada bocanada de aire en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el sistema le entregaba a su agresora un salvoconducto: apenas 48 horas después del hecho, Maricsa Alfaro recuperaba su libertad y regresaba a casa. Su víctima, en cambio, seguía encadenada a un respirador artificial.
En las afueras del nosocomio, el clima era de mucha angustia. Los familiares de Juan, agolpados frente a los micrófonos de la prensa local, exigían justicia tras escuchar el desalentador parte médico del director del hospital: el cuadro clínico era crítico y de sumo cuidado. «Justicia para Juan», clamaban entre lágrimas, mientras la indignación social obligaba a los altos mandos policiales a dar la cara. El jefe de la III Macro Región Policial se vio forzado a declarar, anunciando sanciones y la separación inmediata de los agentes que redactaron el acta irregular, en un intento por calmar el malestar ciudadano ante un procedimiento que olía a encubrimiento.
La agonía de Juan terminó el viernes 8 de mayo. Tras cinco días de resistencia estéril contra un cuerpo que ya no le respondía, su corazón se detuvo. Su muerte transformó el caso en un homicidio culposo, aunque la justicia no ha logrado actuar con la misma contundencia con la que la camioneta blanca actuó sobre él.
La historia de Juan Martínez Torres es la radiografía de una sociedad fracturada. Su grito de dolor en el piso sigue golpeando la conciencia de Trujillo como una acusación directa contra un sistema donde el apellido y el alcohol pesan más que la vida de un hombre que sólo salió a trabajar, confiando en que la noche sería, como siempre, tranquila.
Juan dejó su anterior trabajo, porque ser vigilante en la zona más exclusiva de Trujillo, le parecía más «seguro». Esa fue la cruel ironía en una sociedad como la nuestra.
