La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) entra en su hora más crítica a nivel legal. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ya tiene en sus manos el expediente para iniciar acciones penales inmediatas contra las máximas autoridades.
¿El motivo? Quedó al descubierto una red de designaciones ilegales destinadas a colocar a personas no capacitadas en puestos clave de la institución. Están comprometidas el rector, los vicerrectos y miembros del Consejo Universitario de la casa superior de estudios.
El detonante de esta ofensiva judicial es el reciente Informe de Control Específico de la Contraloría, que pone bajo la lupa penal a un total de ocho servidores que aceptaron cargos de alta dirección, como Recursos Humanos, Administración y Presupuesto, sin cumplir con los requisitos mínimos de ley.
La situación legal de los implicados es sumamente complicada, ya que la normativa sanciona penalmente tanto al funcionario que nombra de manera ilegal como al que acepta el puesto a sabiendas de que no califica.
Un manual a la medida
La estrategia de la actual gestión para saltarse los filtros meritocráticos quedó en evidencia al descubrirse que el propio rector de la UNT intentó «legalizar» estos nombramientos firmando un Manual de Clasificación de Cargos hecho a la medida.
Con este documento, las autoridades universitarias redujeron los estándares de idoneidad exigidos por el Estado para intentar justificar ascensos meteóricos, como el de un asistente administrativo que, sin el informe técnico obligatorio de Recursos Humanos, fue promovido directamente a la estratégica Dirección General de Administración.
Con el caso ya en manos de los procuradores anticorrupción, el perjuicio al Estado ha dejado de ser una observación administrativa para convertirse en un caso penal por el debilitamiento del servicio civil.
En las próximas semanas, las máximas autoridades de la UNT deberán responder ante la justicia por haber convertido los cargos de confianza de la universidad en favores políticos, vulnerando la seguridad jurídica del sector educativo.
