Luego de que el gobernador de La Libertad, César Acuña, se pronunciara sobre el caso del predio Puente Tablas, que se encuentra en un litigio entre Chavimochic y la Empresa Agrícola Chicama, esta salió a responder y criticó las expresiones de la máxima autoridad regional, las que consideró incluso propias de alguien que «no respeta el Estado de Derecho».
La empresa consideró que el gobernador, al señalar que el Poder Judicial debe hacer prevalecer los intereses del Estado sobre cualquier otro interés particular, “menosprecia el estado de derecho y utiliza los medios de comunicación para presionar al Poder Judicial, de modo que sentencie a su favor, al margen de la Constitución y precedentes del Tribunal Constitucional”.
“El Poder Judicial es un órgano independiente, que examina procesos, muchos de los cuales consisten en corregir los actos arbitrarios o abusivos del Estado, realizados por funcionarios del gobierno. El Poder Judicial administra justicia con imparcialidad, ciñéndose a la Constitución, no avalando conductas arbitrarias de los gobernantes”, remarcó en su pronunciamiento.
«Es falso que del resultado de los procesos dependa el trazo del canal madre».
Empresa Agrícola Chicama
Señalan las «falsedades»
Asimismo, la empresa Chicama aseveró que es falso que el predio Puente Tablas, que se encuentra en disputa judicial, tenga 72mil hectáreas, como indica la Región, y que ellos estén perjudicando el avance del canal madre y el proyecto de la tercera etapa en general.
“Debemos aclarar que fue nuestra empresa una de las que invirtió en los años 60 para lograr el estudio de factibilidad que dio origen a lo que es hoy Chavimochic. Por otro lado, el litigio que existe contra el Estado lleva más de nueve años y su retraso se debe a maniobras dilatorias del propio Gobierno Regional y abogados”, remarcó.
La Empresa Agrícola Chicama se ratificó en que son los primeros interesados en la ejecución de Chavimochic, y que el canal madre pase por sus terrenos.
“Es falso que del resultado de los procesos dependa el trazo del canal. El canal puede pasar por propiedad pública o privada sin problema alguno; tanto la Constitución y la ley garantizan eso”, manifestó.
