La congresista de la República, Magaly Ruiz Rodríguez (51 años), ha sido marcada por el caso “mochasueldos”. Es por eso que la Fiscalía de la Nación confirmó que, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra la congresista y militante de Alianza para el Progreso (APP).
Acusada
Conexión Norte accedió a la Disposición de la Fiscalía de la Nación. La parlamentaria es señalada como autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada y concusión. El pedido fue planteado por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villana, ante el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, quien también es de APP.
“Formulo denuncia constitucional contra Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez como presunta autora del delito contra la administración pública, concusión, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 382° del Código Penal, en concurso real con el delito agravado contra la administración pública, colusión agravada, ilícito penal previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 384° del Código Penal”, señala el fiscal en la denuncia enviada al máximo representante del Poder Legislativo.
¿Perderá su libertad?
El delito de concusión es castigado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años. Mientras que la pena por colusión agravada va entre los 6 a 15 años de cárcel. Como se sabe, la congresista es acusada de recortarle el sueldo a sus trabajadores contratados para la Comisión Especial Multipartidaria de Protecciones a la Infancia.
Camila Mantilla Heredia, pareja sentimental de su hijo, fue contratada y gozaba de ciertos privilegios, según se denunció en noviembre del año pasado.
“En cuanto al delito de concusión, los hechos están referidos a la contratación de Carlos Marina Puscán y María Deza Batallano, como trabajadores de la Comisión Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria del Congreso de la República”, confirmó la Fiscalía.
Contrato especial
Efectivamente, la denuncia constitucional también recoge el contrato especial realizado por el despacho de Ruiz. Camila Mantilla Heredia, pareja sentimental de su hijo, fue contratada y gozaba de ciertos privilegios, según se denunció en noviembre del año pasado.
Asimismo, la Fiscalía también confirmó que inició diligencias preliminares contra la representante de los liberteños en el Congreso por el presunto delito de tráfico de influencias. En el caso están involucrados el fiscal Richard David Rojas Gómez y su hermano Alex Junio Rojas Gómez. Este último fue contratado como asesor solo porque, presuntamente, la parlamentaria necesitaba «ayuda por el caso mochasueldos».
