No solo fue uno, fueron dos reportajes dominicales los que revelaron entretelones del proceso para conceder la pensión vitalicia al exmandatario Alberto Fujimori, y que se logró en un tiempo récord de 11 días. Los programas Punto Final (Frecuencia Latina) y Cuarto Poder (América Televisión) revelaron que funcionarios vinculados a Alianza para el Progreso de César Acuña propiciaron el cuestionado beneficio.
Entre estos funcionarios está la trujillana Haidy Janett Figueroa Valdez, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Ella, afiliada a APP, es quien firmó el documento final que aprobó la pensión.
Un detalle llamativo es que Figueroa Valdez negó su afiliación política a través de su declaración jurada, pero documentos del Jurado Nacional de Elecciones confirman su militancia en APP desde el año 2014.
Otro personaje en cuestión es el abogado José Rubio Preciado, quien sustentó legalmente la solicitud del exmandatario Alberto Fujimori. Trabajó en el Congreso solo tres meses y fue cesado después de emitir el informe legal favorable.
El reportaje de Cuarto Poder reveló que Rubio Preciado trabajó en el Gobierno Regional de La Libertad en 2016 bajo, la gestión de Luis Valdez Farías, hombre de confianza y hoy dirigente nacional de APP.
Hombre clave de Luis Valdez
Pero aún hay más. El actual jefe de la Oficinal Legal y Constitución del Congreso es Jorge Luis Torres Saravia, quien ha sido asesor principal del mismo Luis Valdez cuando se desempeñó como congresista. De hecho, en su CV documentado, el funcionario considera coloca al brazo derecho de Acuña como su referencia principal. Su visto bueno también fue clave para beneficiar a Fujimori.
Según el reportaje de Punto Final, la declaración jurada de intereses de Torres Saravia indica que su esposa y su hermano trabajan en el Gobierno Regional de La Libertad, liderado hoy por César Acuña.
