El costo fiscal de la reforma del sistema de pensiones aprobada por el Congreso de la República se ubicaría entre el 0.19% y 0.33% del PBI adicionales entre los años 2024 y 2070, por lo que no pondría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, según el reporte “Análisis y estimación del costo fiscal de la ley de reforma al sistema previsional peruano”, elaborado por Macroconsult.
Impacto
«El análisis se ha efectuado sobre una reforma base, con varios escenarios (desde rentabilidades promedio de 6.5% a 5.5% y con incorporación masiva de pensionistas a Pensión 65 a diversas velocidades). En un escenario más conservador, el costo fiscal marginal promedio anual de la reforma ascendería a 0.33% del PBI», explicó la consultora.
Según señaló Elmer Cuba, socio de Macroconsult, mantener el sistema previsional sin cambios, implica dejar de lado al 50% de la población mayor a 65 años en 2024, esta cifra iría en aumento hasta 70% de la población adulta mayor en 2070, con el agravante de pobreza en la vejez.
En ese marco, de acuerdo con el informe, la reforma permitirá alcanzar una cobertura gradual de toda la población peruana. Así, en un escenario de reforma base, se proyecta que el 47% de los adultos mayores pertenezcan al sistema previsional en 2030; el 59% en 2050; 90% en el 2060 y el 100% en 2070. Es decir, en el año 2070 todos los adultos mayores gozarían de una pensión.
En cambio, si se sostiene el actual sistema (que afronta retiros extraordinarios de aportes y en el que no toda la población sin jubilación accede a mecanismos como la Pensión 65), la cobertura descendería a 45% en 2030, a 33% en 2050 y a 29% en 2070.
«Los factores detrás del incremento de la cobertura que generaría la reforma son el cierre de la Ley 95.5 (que otorga la posibilidad de solicitar la entrega de hasta el 95.5% del total de una cuenta individual de capitalización al momento de la jubilación) para menores de 40 años y el subsidio por consumo», refirió.
Otros detalles
La reforma del sistema previsional, aprobada por el Congreso de la República, dispone –entre sus principales puntos– la incorporación de bancos y otras entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), como cajas, financieras y aseguradoras, al sistema privado de pensiones para administrar fondos.
Pensión por consumo
También crea la “pensión por consumo”, mediante la cual las personas, sean o no afiliadas al sistema privado o al público, podrán destinar un 1% de sus consumos a sus fondos de pensiones –acreditados con comprobante de pago– hasta por un máximo de S/ 41,200 al año (ocho UIT), en compras individuales que no deben superar los S/ 700.
A su vez, fija una pensión mínima garantizada de S/ 600 en el sistema privado, similar a la que ya reciben los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Para lograr este beneficio, el afiliado deberá cumplir con 240 aportes (20 años), sin importar el monto que haya destinado a su fondo mensualmente. Si el fondo acumulado no es suficiente para alcanzar la pensión de S/ 600, el Estado financiará lo restante; mientras que, quien tenga un mayor fondo, recibirá una mayor pensión.
