Escribe: Omar Aliaga
El primer golpe del Congreso en esta terrible crisis lo dio el día que decidió apertrecharse en sus curules y quedarse, de la mano de Dina Boluarte, hasta el 2026. Pese a que el pedido general, tras la caída de Pedro Castillo, era que se adelanten las elecciones, los parlamentarios prefirieron aferrarse a su sueldo y sus gollerías, a sabiendas de que ahora tenían la “cabeza” de la presidenta en sus manos y por ende la sartén de todo el país por el mango.
Se supone que la salida de quedarse hasta el 2026 era para asegurar un poco de estabilidad, y así solucionar por lo menos dos problemas elementales: la inseguridad y la economía. Pues no resultó: hoy no tenemos estabilidad, la economía no marcha como quisiéramos y la inseguridad nos golpea a diario con sangre derramada y terror.
Pero no contentos con eso, la mayoría del Congreso siguió perpetrando golpes contra la misma ciudadanía. Leyes que favorecen a distintas mafias organizadas, a economías ilegales. Y, en su afán de protegerse de las investigaciones por crimen organizado que partidos como Perú Libre y Fuerza Popular afrontan, tuvieron el desparpajo de sacar leyes que terminaron no solo favoreciéndoles a ellos y sus amigotes, si no a todos los criminales que aterrorizan al país entero.
Así se dio ese tremendo despropósito que es la Ley 32108, que estableció requisitos más restrictivos para la definición del delito de organización criminal y que hoy ya está siendo aprovechada por los delincuentes, como era de esperarse.
En días recientes una sala dejó en libertad a siete personas sindicadas que operaban en las fronteras de Madre de Dios y Tumbes. Además, operativos contra grupos delictivos se vieron retrasados varias horas, favoreciendo a los investigados.
Señores y señoras, no podemos combatir el crimen mientras estos señores sigan sentados en el Congreso. Está claro quiénes juegan aquí a favor de la delincuencia.
Uno de los cambios más cuestionables, digitado por la mayoría congresal, es la obligación de realizar allanamientos judiciales solo con la presencia del investigado y su abogado. Desde el comienzo hubo críticas a esta la ley. El fiscal coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, sostuvo que la normativa favorece a los criminales al eliminar la posibilidad de allanamientos sorpresivos. Especialistas advirtieron sobre lo nefasto que sería para combatir el crimen. Pero no importó. El Congreso siguió adelante con su despropósito y la señora Dina Boluarte, que no gobierna sino que solo firma y sella lo que ellos le indican, lo promulgó.
El resultado ya se puede ver: fiscales y policías esperando que llegue el abogado de los investigados para proceder a allanar, retrasando acciones. En el caso mediático de Andrés Hurtado “Chibolín” también se vio estos días.
Por eso es insultante ver a parlamentarios del fujimorismo saliendo a pedir mano dura contra la delincuencia por estas horas, a raíz de lo ocurrido en Lima con los transportistas. ¡Sin son ellos quienes favorecen a los delincuentes!
En La Libertad la extorsión ya se ha normalizado y muchos pagan cupos a los delincuentes a vista y paciencia de las autoridades. ¿Y cómo votaron los congresistas ante esta ley nefasta? Pues ninguno votó en contra. Carlos Enrique Alva votó a favor de esta ley; otros votaron en abstención (Diego Bazán y Víctor Flores), mientras que los demás se ausentaron (Juan Burgos, Magaly Ruiz y Roberto Kamiche), con la excepción de Héctor Acuña que habría estado con licencia.
Señores y señoras, no podemos combatir el crimen mientras estos señores sigan sentados en el Congreso. Está claro quiénes juegan aquí a favor de la delincuencia, por acción o por omisión.
