El Poder Ejecutivo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, remitió un oficio al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, junto con el proyecto de ley que modifica el Código Penal.
Este proyecto plantea introducir el delito de terrorismo urbano para combatir la delincuencia que azota a nuestro país.
Sin embargo, dentro del proyecto de ley se ha introducido un cuestionable artículo que pretende sancionar a aquellas personas que ejerzan su derecho a la protesta.
«El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años», reza el proyecto de ley.
El Congreso señaló, mediante oficio, que esta modificación fortalecería las acciones de lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero algunos especialistas han coincidido que lo de terrorismo urbano es más populismo que acción concreta contra la delincuencia.
