El muy cuestionado otrora fujimorista Héctor Becerril decidió cambiar de aires políticos. Un día antes del cierre de plazo de afiliaciones para postular en las elecciones generales 2026, se inscribió en Alianza para el Progreso, de César Acuña.
Becerril estuvo catorce años en el fujimorismo. Con ese partido fue dos veces congresista y hasta llegó a ser su vocero. En los últimos años había mantenido perfil bajo.
Becerril presentó su renuncia a Fuerza Popular el 5 de julio de este año. El 11 del mismo mes, ingresó su ficha de afiliación a APP, un día antes del cierre de plazo para las personas que quieran participar en las próximas elecciones generales 2026.
Valdez habla sobre tremendo jale
Luis Valdez, secretario general de APP, descartó que Héctor Becerril haya sido invitado por su partido. Asimismo, dijo que no estaba asegurada su participación en las próximas elecciones.
“No está dentro de los planes para asumir una candidatura. Como simpatizante nuevo, intentará ganarse un espacio, lo que no significa que lo pueda conseguir. En Lambayeque, APP tiene bases, por lo que será complicado para él asumir o lograr un liderazgo”, afirmó Valdez a El Comercio.
Valdez también se refirió negativamente al pasado y al carácter confrontacional del nuevo apepista. “Tiene que ver con su trayectoria, con su procedencia, con sus características políticas que no coinciden con la esencia de APP, donde para nosotros prima la conversación y el tender puentes, buscar consensos. Por lo que se le recuerda, Becerril es político de choque y esto es algo que APP intenta no optar”, dijo el hombre de la casa de tres millones.
Todo un angelito
Las últimas noticias que se tenían de Becerril eran sobre sus denuncias. A finales de 2023, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside Lady Camones ( de APP, para más señas), aprobó el informe que archivaba la denuncia presentada por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por el caso “Los Temerarios del Crimen”.
Mientras que, en febrero del presente año, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
