Ni los paros, ni el plantón de los fiscales, ni el repudio de la ciudadanía hacen retroceder al Gobierno y al Congreso en su afán de debilitar el sistema de justicia. Siguen jugando en pared, aprobando leyes que, a todas luces, solo responde a sus apetitos políticos.
Con 70 votos a favor, el Congreso dio luz verde a una ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional y apunta a descomponer la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Se trata de un dictamen impulsado desde la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi.
Las bancadas que respaldaron la ley, cómo no, fueron Fuerza Popular (FP), Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y un sector de Acción Popular.
La norma reduce de cinco a cuatro los votos necesarios para que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva conflictos competenciales e incluye una disposición para que sea aplicable en los procesos que todavía no fueron resueltos.
La norma reduce de cinco a cuatro los votos necesarios para que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva conflictos competenciales.
Una ley que apunta a los «enemigos»
El TC está demorando su decisión sobre la demanda competencial que interpuso el Congreso contra el Poder Judicial por la medida cautelar que restituyó de manera temporal a los magistrados de la JNJ, Inés Tello y Aldo Vásquez. Es decir, lo que realmente pretenden los aliados en el Congreso es inhabilitar a ambos consejeros de la función pública.
La otra perla de esta ley es la creación de un proceso especial para las demandas de amparo contra las decisiones del Congreso como parte de su control político, entre ellas las que derivan de acusaciones constitucionales contra altos funcionarios. Las demandas de amparo serían resueltas en un plazo máximo de 60 días y no procederían las medidas cautelares.
El dictamen irá a una segunda votación en el Pleno para su ratificación y luego enviada a Palacio para su promulgación.
Golpe al Ministerio Público
Dina Boluarte le estampó la firma a la ley que le otorga a la Policía la facultad de dirigir las investigaciones preliminares de delitos, que le corresponde al Ministerio Público.
Varios especialistas coinciden en que esta ley es inconstitucional y que la Policía no está preparada para llevar adelante esta labor.
