La congresista Magaly Ruiz, militante de Alianza para el Progreso (APP), nuevamente vuelve a destacar a nivel nacional por un escándalo político, tras ser acusada de implementar un sistema de ‘mochasueldo’ en su despacho. Las denuncias, en ese sentido, apuntan a que la parlamentaria liberteña habría recortado los sueldos de sus trabajadores para crear una ‘caja chica’ destinada a cubrir gastos personales.
Desde marzo del año pasado, Ruiz enfrenta una serie de denuncias que han puesto en tela de juicio su gestión. La más reciente pone en evidencia que algunos empleados de su despacho habrían sido objeto de descuentos de hasta S/1,500 mensuales, según se precisa en un reportaje del dominical Punto Final.
Los informes indican que estos descuentos no fueron casos aislados, ya que otros empleados también habrían sido víctimas de esta práctica. Según las investigaciones, los fondos recaudados a través de estos recortes salariales fueron presuntamente utilizados para cubrir gastos personales de la congresista, como el combustible de su vehículo, lo que podría configurar un delito de apropiación indebida.
La situación se complica aún más con la aparición de William Paz, un policía asignado a la seguridad de Ruiz. Testimonios y registros en poder de la Fiscalía dan indicios de que Paz habría recibido dinero de la mencionada ‘caja chica’ como reembolso por gastos de gasolina. Sin embargo, el efectivo policial ha negado conocer el origen del dinero y su vínculo con los recortes salariales.
Un testigo protegido ha revelado que, además de su función de seguridad, el policía prestaba su vehículo personal a la congresista para sus traslados, lo que genera nuevas interrogantes sobre la transparencia de las operaciones del despacho de Ruiz, quien tiene dos denuncias constitucionales formulada por la Fiscalía de la Nación.
