Las actas del Consejo de Ministros de los días 5 y 7 de julio del 2023, traen una sorpresa. Se trata de los días posteriores a la operación en la que doña Dina Boluarte abandonó para siempre su antigua nariz.
Según un entendido en el tema, las firmas registradas en diversos documentos correspondientes al periodo de recuperación no habrían sido realizadas por la misma persona.
Pruebas al canto: el perito grafotécnico Augusto Arbaiza observó diferencias entre las firmas que la presidenta registra en Reniec y las que aparecen en el decreto supremo que autorizó el viaje del entonces ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Mathews, a Nueva Zelanda.
El abogado Juan Carlos Portugal desmintió las acusaciones, asegurando que los documentos en cuestión llevan el “puño y letra” de la mandataria.
10 años de prisión
Diversos abogados sostienen que, si se comprueba la falsificación de su firma, Dina Boluarte podría ser acusada de falsedad documental, con una pena hasta 10 años de prisión. El penalista Luis Lamas Puccio señaló a La República que, de comprobarse la falsificación, se configuraría un delito de falsedad agravada.
“Si la firma no es auténtica, estaríamos ante un delito de falsedad agravada, ya que se trata de un documento público. Podrían identificarse instigadores (los que dispusieron que se haga factible adulterar y falsear la veracidad en cuanto a su contenido), cómplices (quienes facilitaron el acto) y autores (los que participaron avalando el documento). La pena podría llegar a 10 años de prisión«, sostuvo el letrado.
