El general de la Policía Nacional del Perú, José Zavala Chumbiauca, dio a conocer ante el Consejo Regional de Seguridad (CORESEC) y los medios de comunicación una intervención realizada el pasado jueves 12 de diciembre en el emblemático colegio San Juan, en Trujillo, donde se intervinieron a dos menores de edad en tenencia ilegal de estupefacientes. El jefe policial indicó que la intervención se habría realizado a pedido de la directora de la institución educativa, luego de que semanas atrás un estudiante tuvo que ser llevado de emergencia por sobredosis.
La intervención policial se llevó a cabo en horas de la mañana, cuando los estudiantes aún se encontraban en horario de clases. Esto con el objetivo de poder identificar tanto a consumidores como distribuidores de estos estupefacientes, resaltó Zavala. Cabe resaltar que la intervención se realizó con previo permiso de los padres de familia y autoridades de la institución educativa.
Según información policial, los menores detenidos fueron encontrados con marihuana y tussi (droga sintética). Asimismo, la Policía está pidiendo autorización a los padres de familia para que se pueda llevar a cabo un examen toxicológico a todos los estudiantes con el fin de determinar quienes habrían consumido dichas sustancias ilegales.
“Quienes solo han sido consumidores, no estarían en falta. En los que está el problema son en los que han estado vendiendo, porque eso sí es grave”.
¿Qué pasará con los menores detenidos?
Para poder comprender el procedimiento legal que les seguirá a los estudiantes detenidos, Conexión Norte conversó con el abogado penalista Alfredo Galindo, quien manifestó que el procedimiento es llevado en la Fiscalía Especializada de Familia que determinará, según la edad, el delito cometido y los perjuicios causados en una condena.
No obstante, Galindo señaló que en caso se tratase de adolescentes en el rango de 14 a 17 años de edad que hayan incurrido en el delito de microcomercialización de drogas, la pena puede ser hasta de 8 años de internamiento preventivo en un Centro de Menores.
“Estos menores deben pasar a disposición de la Fiscalía de Familia, y si este hecho es grave ellos tomarán las medidas correspondientes. Quienes solo han sido consumidores, no estarían en falta. En los que está el problema son en los que han estado vendiendo, porque eso sí es grave y puede llevar a una condena de 8 años en el penal juvenil conocido como ex-Floresta”, manifestó Alfredo Galindo.
