La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) señaló que los sectores clave para la economía liberteña dependen, en gran medida, de la estabilidad jurídica para atraer nuevas inversiones así como de instituciones sólidas que garanticen el cumplimiento de las reglas de juego a largo plazo.
Impacto
El presidente del gremio, Fernando Guerra, sostuvo que uno de los sectores que necesita un marco jurídico con predictibilidad es la minería pues viene enfrentando grandes desafíos como la minería ilegal, la cual genera pérdidas superiores a los US$4,000 millones anuales. Ello refleja la urgencia de establecer normas claras y efectivas que impulsen el desarrollo sostenible del sector.
“Otro de los sectores es la industria hidrocarburífera que emerge como una nueva oportunidad para La Libertad. Este sector podría generar ingresos significativos a través del canon petrolero, pero su éxito dependerá de un marco jurídico confiable que incentive la inversión privada. Las empresas involucradas necesitan certeza a largo plazo para operar en un entorno competitivo y sostenible“, anotó Guerra.
El líder gremial comentó que otro sector estratégico en la región es la pesca, que enfrenta desafíos relacionados a la falta de regulación efectiva y el impacto del cambio climático. En este contexto, las políticas públicas deben fomentar la inversión en tecnología e infraestructura, asegurando la sostenibilidad de los recursos marinos.
Desafío gremial
El titular de la CCLL también indicó que para contribuir con el crecimiento económico de la región urge atender aspectos álgidos como la inseguridad ciudadana y el debilitamiento institucional que afectan directamente el atractivo de la región para los inversionistas.
“La falta de confianza en las instituciones y el aumento del crimen organizado dificultan la estabilidad requerida para fomentar inversiones de largo plazo”, manifestó Guerra.
Para la autoridad gremial, La Libertad tiene un enorme potencial para consolidarse como líder económico en el país, pero este objetivo solo es posible a través de un compromiso real hacia la estabilidad jurídica para los sectores clave.
“El futuro de la región depende de la capacidad de articular esfuerzos entre el sector público, privado y la sociedad civil para construir una base que garantice un crecimiento sostenible y equitativo», finalizó.
