La coalición que gobierna el Congreso quiere salirse con la suya. 16 congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dieron luz verde al informe del fujimorista Héctor Ventura que recomienda inhabilitar, de la función pública, 10 años al ex presidente Martín Vizcarra, y 5 años a los exministros Salvador Del Solar y Vicente Zeballos.
La propuesta de inhabilitación ha sido calificada por diversos sectores como una venganza, y se da porque existe una denuncia constitucional contra los involucrados por la disolución del Congreso en el año 2019.
Diego Bazán en la jugada
A pesar de que se ha advertido una serie de irregularidades, el informe final del congresista fujimorista Héctor Ventura fue aprobado por congresistas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Perú Libre, Honor y Democracia, Renovación Popular y Podemos Perú.
Era evidente que la denuncia constitucional iba a ser aprobada, pues Fuerza Popular tiene como un adversario de fuerza a Martín Vizcarra.
Los congresistas que aprobaron el informe fueron: Martha Moyano, Héctor Ventura, Víctor Flores y Nilza Chacón, de Fuerza Popular; María Acuña, Nelcy Heidinguer, de APP; Diego Bazán, Patricia Chirinos y Esdras Medina, de Renovación Popular; Luis Aragón y Elvis Vergara, de Acción Popular; y Flavio Cruz y Américo Gonza, de Perú Libre. También, Jorge Montoya (Honor y Democracia), Digna Calle (Podemos Perú) y Pasión Dávila (Bancada Socialista).
El caso deberá ser visto en la Comisión Permanente y luego en el Pleno para concretar el juicio político.
“Acá hay un tema de sacar a los adversarios. Hay una manipulación para sacar de la carrera política a una serie de funcionarios con artimañas y argucias”.
Irregularidades en el informe
En el 2019, el entonces premier Del Solar hizo cuestión de confianza para cambiar la modalidad de elección del nuevo Tribunal Constitucional (TC). El Pleno del Congreso se negó y Martín Vizcarra consideró que la confianza había sido denegada. Entonces, disolvió el Congreso.
El informe de Ventura sostuvo que la disolución del Congreso fue inconstitucional porque una resolución del TC del 2023 señaló que no existe la figura de la denegación fáctica de la confianza. Sin embargo, omite que el tribunal se pronunció en 2020 y validó la decisión del gobierno de Vizcarra.
Otra irregularidad. Salvador del Solar dejó de ser ministro el día que se disolvió el Congreso, el 30 de setiembre del 2019. El Congreso tuvo cinco años para acusarlo y no lo hizo. El plazo venció en setiembre del año pasado.
Sacar de carrera al adversario
La congresista Flor Pablo fue la única que dio a conocer las irregularidades del informe de Ventura. “Aquí se pretende juzgar una cosa juzgada, porque este tema ya fue objeto en el TC para ver su constitucionalidad y la Constitución permitía en ese momento hacer la cuestión de confianza”, argumentó.
Y luego añadió: “Acá hay un tema de sacar a los adversarios. Hay una manipulación para sacar de la carrera política a una serie de funcionarios con artimañas y argucias”.
