Escribe: Eliana Pérez Barrenechea
Que Carlos Rodríguez-Pastor, el peruano más millonario según el informe Forbes 2023, sea el presidente del Grupo Intercorp, dueño del centro comercial Real Plaza de Trujillo, lugar de la tragedia que acabó con la vida de seis personas y que dejó más de 80 heridas, no es un simple dato, es relevante en un país donde la justicia tiene precio y la impunidad se compra.
No sólo Trujillo, sino el país entero, se ha conmovido, despertando una ola de solidaridad e indignación en la ciudadanía, que viene acompañando a las víctimas y a sus familias con vigilias, pronunciamientos, marchas y otras acciones de protesta, que hasta hoy se mantienen.
¿Qué papel nos toca como sociedad civil para que la demanda de justicia no desaparezca de la agenda pública cuando el espectáculo de la tragedia ya no sea atractivo?
Ejercer vigilancia y exigir a las autoridades encargadas de la investigación y el proceso judicial (PNP, Ministerio Público y Poder Judicial) para que se garantice un proceso célere, justo y transparente, que garantice justicia y reparación acorde a los daños ocasionados, así como sanciones ejemplares a los culpables, incluso a autoridades y funcionarios que resulten responsables, para que no se vuelva a repetir.
Politizar lo sucedido. El lamento y la congoja son comprensibles, pero deben colectivizarse y entender que no se trata solo de un caso particular, casual ni aislado. Politizar la indignación ciudadana sirve para cuestionar la subordinación del Estado frente a los grupos económicos que lo limitan a fiscalizarlos bajo la consigna “dejar hacer, dejar pasar”. Politizamos cuando denunciamos a congresistas y a sus partidos políticos que aprueban leyes para favorecer al empresariado. Son exigencias que parten del principio de que la vida debe prevalecer sobre el interés económico. Demandas políticas justas y necesarias.
Finalmente, vigilar hasta que paguen los ricos, porque en este país la ley no se ha diseñado para ellos.
No es igual la instrumentalización que han hecho algunos politiqueros sin escrúpulos, como Acuña y sus ministros que llegaron tarde y solo a tomarse fotos en los escombros, o el vacado y prófugo Arturo Fernández que ha aprovechado para mandar sus discursos de victimización y autobombo, o lo del alcalde de La Esperanza que se fotografió llevando comida o el de Trujillo que se apresuró con una denuncia a los representantes del Real Plaza, intentando lavarse las manos de una responsabilidad que –según las primeras indagaciones– le alcanzarían a él y a sus funcionarios.
Poner en el debate público la privatización del ocio y la recreación, la escasez de espacios públicos seguros y agradables en nuestras ciudades para actividades lúdicas, artísticas y culturales, a los que podamos asistir sin la necesidad del consumo privado. Reclamar ciudades seguras a las autoridades locales, con funcionarios idóneos que no intercambien licencias por coimas.
Evitar la desinformación y hacer uso responsable de las redes sociales. Las acusaciones sin sustento solo invalida la legítima protesta.
Finalmente, vigilar hasta que paguen los ricos, porque en este país la ley no se ha diseñado para ellos. Ojalá en este caso, hagamos que se imponga la justicia.
