Escribe: Eduardo Zafra
El pasado domingo 4 de mayo, la noticia del cruel asesinato de 13 trabajadores dentro de un socavón en Pataz conmovió y atrajo la mirada de todo el mundo a la región La Libertad. Los propios familiares de las víctimas denunciaron los hechos ante los medios de comunicación, indicando como los responsables del secuestro a Miguel Rodríguez Diaz, alias “Cuchillo”, y José Ramiro Lozano Peche, alias “Técnico”.
Además, denunciaron que sus familiares se encontraban en la bocamina conocida como “Galindo” y que habían sido contratados por la empresa R&R para brindar seguridad en la zona.
Policías Implicados
Tras la noticia de la tragedia, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, tomó conocimiento del caso e inició las diligencias preliminares y la investigación correspondiente. Así, el presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, dio a conocer a través de un medio de comunicación local que los cadáveres de los trabajadores asesinados llegaron a la morgue de Trujillo en estado de descomposición, más específicamente habiendo pasado 7 u 8 días desde la muerte, según información de medicina legal.
Así también, informó que, a través de un colaborador eficaz, se había podido conocer que dos policías en activo serían los dueños de la empresa de seguridad R&R.
Según información periodística, los nombres de dichos policías son: Frank Yonathan Pérez Vargas y Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez, ambos suboficiales, pero pertenecientes a diferentes escuadrones. Conexión Norte buscó a ambos suboficiales, obteniendo la información de que Frank Yonathan Pérez Vargas se encuentra actualmente de vacaciones del 7 al 25 de mayo.
Al intentar dar con Pérez Vargas, este medio acudió a su domicilio fiscal. Nos atendió una persona cuyos rasgos encajaban con las fotografías obtenidas del referido agente policial; sin embargo, él negó ser Frank Pérez e indicó que anteriormente sí vivía ahí, pero que ya se había mudado.
Por otro lado, al intentar buscar las declaraciones de Gianpaul Bastidas, acudimos a su domicilio fiscal, y fuimos atendidos por sus familiares, quienes negaron cualquier implicancia de Bastidas Rodríguez con la empresa R&R. Además, pudimos tener conocimiento de que ambos aún se encuentran laborando en sus respectivos escuadrones.
Cabe resaltar que Conexión Norte también acudió a los domicilios fiscales de la empresa LIBMAR (empresa de minería artesanal a la que le daba seguridad R&R), y la misma empresa R&R, sin poder encontrar las sedes de ninguna de las dos.
La dirección registrada en SUNAT de la empresa LIBMAR, a la que Conexión Norte acudió, y comprobó que el predio indicado como la dirección fiscal no mostraba ninguna inscripción que indicara que el edificio pertenecía a LIBMAR. Incluso, el número del predio indicado en SUNAT no existe.
En el caso de R&R, al acudir a la dirección registrada en SUNAT, encontramos un gran predio, pero sin inscripciones o señales que indicasen que se trate de R&R. Al tocar la puerta, nadie nos respondió.
Sin embargo, fuentes de Conexión Norte que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, manifestaron a este medio que los verdaderos dueños, tanto de R&R, como de la empresa minera LIBMAR, presuntamente serían los hermanos Segundo Cueva Rojas y Luis Cueva Rojas. Este último ha sido señalado también como el presidente de la ronda campesina en Pataz, por lo que los policías mencionados como dueños de R&R, serían en realidad testaferros.
Estas declaraciones toman relevancia cuando el Ministerio Público decide citar a Segundo Cueva Roja, como dueño de la empresa LIBMAR y R&R, a fin de que pueda esclarecer los hechos sucedidos entre el 26 de abril y el 29 de abril. Él figura como representante legal.
¿»Cuchillo» es un chivo expiatorio?
Cabe resaltar que Luis Cueva Rojas fue anteriormente sindicado como el presunto autor del asesinato de las personas identificadas como: Jesús Vera García, Joel Hernández Rojas y Gerardo Santiago Calvo, caso que continúa en investigación por parte del Ministerio Público.
Un dato que llama la atención de este caso es que, durante la declaración de Luis Cueva Rojas ante la Fiscalía, este menciona el nombre de «Cuchillo» como el presunto responsable de estos tres asesinatos. Las fuentes consultadas por este medio digital, indicaron, no obstante, que «Cuchillo» en realidad se trataría de un «chivo expiatorio», y que es recurrentemente culpado ante casos de muertes relacionadas a la minería ilegal.
Al contrastar información, las declaraciones de nuestras fuentes toman relevancia, puesto que el presidente de la Junta de Fiscales, Luis Guillermo Bringas, reveló que testimonios obtenidos por el Ministerio Público ubicaban al tal «Cuchillo» en otra zona durante el asesinato de estos 13 trabajadores. Asimismo, Luis Bringas indicó que este sujeto -que hoy no se encuentra en el país- no había sido detenido anteriormente en la región La Libertad, pero sí en Casma, donde fue intervenido por tenencia ilegal de armas.
El papel de las rondas campesinas también ha cobrado relevancia en este caso. Conexión Norte pudo acceder un acta policial que revela que, efectivamente, antes del hallazgo de los cuerpos, personal policial ingresó a la mina Galindo, pero que se retiraron al no poder encontrar nada. Por el contrario, los cuerpos de los 13 trabajadores asesinados fueron hallados en territorio perteneciente a la minera Poderosa. Según lo relatado por nuestras fuentes, habrían sido las propias rondas campesinas las que direccionaron a los efectivos policiales a la bocamina Galindo.
¿Con qué fin los ronderos habría hecho eso?, preguntamos. Y las personas entendidas y cercanas al caso nos respondieron que eso lo habrían hecho con la intención de ganar tiempo para así poder extraer los cadáveres de los 13 trabajadores del territorio de Poderosa.
Si eso hubiese sido así, dicha labor fue frustrada por la llegada de los efectivos policiales que finalmente pudieron extraer los cuerpos para ser llevados a Trujillo.
