Escribe: Omar Aliaga
Unas horas después de la tragedia ocurrida en la fatídica noche del viernes 21 de febrero en el Centro Comercial Real Plaza, la Policía, en coordinación con la Fiscalía, realizó una incautación de documentos en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), como parte del inicio de sus investigaciones.
Conexión Norte ha podido obtener copia de las actas de esta incautación y posterior lacrado de documentación relacionada con los certificados, inspección y fiscalización hecha por la municipalidad de Trujillo a la zona colapsada del Real Plaza. Estas actas dan cuenta de situaciones extrañas y sospechosas por parte de los funcionarios de la municipalidad el día en que se realizaron las diligencias.
Los encontraron con papeles en mano
Al día siguiente de la tragedia, a las 12:20 p.m., los suboficiales Sergio Aarón Murga Reyna y Richard Villegas Britto, de la Sección de Homicidios de la PNP, acompañados del fiscal Jorge Luis López Paredes, llegaron hasta las oficinas de la Gerencia de Gestión de Riesgos de la MPT, en la avenida España.
Sin embargo, según lo consignado en el acta, encontraron a las afueras, en plena avenida, a cuatro servidores en chalecos y distintivos de la mencionada gerencia municipal de Gestión de Riesgos y de Defensa Civil. Lo curioso del caso es que uno de los servidores municipales cargaba archivadores con copiosa documentación.
Cuando los policías y el fiscal se identificaron e informaron que habían llegado para la incautación de documentos por el caso, los servidores municipales le indicaron que esos papeles que portaban no pertenecía al Centro Comercial Real Plaza, sino más bien al Mall Plaza, al cual se dirigían -adujeron- para realizar una inspección.
No obstante, estos trabajadores ediles actuaron de modo «prepotente» y no permitieron que los agentes verifiquen dicha documentación que se encontraban trasladando, según el acta.
«… Al solicitar verificar dicha información, de manera prepotente se opusieron, motivo por el cual procedemos a identificarlos plenamente», se lee en la documentación policial, en la que indican los nombres de estos servidores ediles: Pedro Silverio Torres Chávez (asistente administrativo), Sandra Venero Guarniz (abogada de la Subgerencia de Gestión de Riesgos) y Elia Milagros Luján Ávalos (representante legal de la Subgerencia de Gestión de Riesgos).
En la Gerencia de Gestión de Riesgos también
Con ellos, ingresaron los agentes y el fiscal a la oficina del gerente de Gestión de Riesgos de la municipalidad, Moisés Hurtado León. Pero aquí nuevamente hubo trabas para la realización de las diligencias, según quedó consignado.
El acta indica que el gerente Hurtado León «pretendió frustrar la incautación de la documentación indicada, aduciendo que tenía que realizar su informe y que lo que estaba siendo trasladado correspondía solo a una parte de la documentación referente al Real Plaza y que la otra parte se encontraría en el sótano del Mercado Central, donde se encuentra el Archivo General de la MPT».
Después de ello, conforme a lo consignado, acudieron al sótano del Mercado Central para incautar y lacrar la documentación correspondiente.
Pero la pregunta salta en medio de estas evidencias: ¿Por qué hubo esta actitud en la municipalidad? ¿Acaso se escondía algo?
