Escribe: Eliana Pérez Barrenechea
La Libertad es un espejo de los males que padece el Perú, y no solo en relación a la impunidad con la que opera el crimen organizado y el sicariato, sino también por el abuso del poder político y el copamiento de instituciones, incluso de aquellas cuyo mandato es la independencia y autonomía. Este es un nuevo nivel superado por César Acuña y su organización Alianza para el Progreso (APP).
Tal es el poder de Acuña en el pacto dictatorial que la Contraloría General de la República, institución encargada de ejercer control gubernamental a las entidades públicas en el manejo de los recursos públicos, ha designado como gerente regional de Control de La Libertad a William León Huertas, un abogado excolaborador de Acuña en su gestión anterior del GORE, y gerente general de la gestión apepista liderada por Manuel Llempén.
¿Con qué independencia liderará las investigaciones contra Acuña por las millonarias obras del nuevo local institucional del GORE, del hospital de Virú o del viaje a China ahora en curso? Esta no es una preocupación para el líder apepista, por el contrario, es una demostración de su poder.
Otra institución tomada es la Defensoría del Pueblo, y tal parece que no solo por el fujicerronismo, pues la nueva jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, María del Carmen Olórtegui Risco, es una operadora política y militante activa de APP, quien fuera, hasta antes de su designación, responsable política de la provincia de Trujillo de este partido. Tan rochosa es esta designación que Olórtegui, declaró a la prensa local que le encantaría ser la candidata de APP a la alcaldía de Trujillo.
¿Por qué estas escandalosas designaciones siguen en pie? Pues lo decía al principio: en La Libertad, como en todo el país, se ha instalado la política de la impunidad, al margen de la legitimidad.
El roche por la designación de Olórtegui es mayor, pues su militancia política no es reciente, ella viene de las filas del fujimorismo, partido por el que postuló dos veces al Congreso de la República. Por si fuera poco, el Colegio de Abogados de La Libertad ha cuestionado su designación porque no cumpliría con el perfil ni con la experiencia para el cargo. Sin embargo, es probable que la psicóloga, conocida por recibir dudosamente la primera dosis de la vacuna Sinopharm contra el Covid-19 pese a que solo estaban destinadas al personal que atendía casos de la enfermedad, continúe en la jefatura de la Oficina Defensorial con la complacencia de Acuña.
De otro lado, y para no dudar de la participación de César Acuña en el gobierno central, Dina Boluarte, a través del Ministerio del Interior, ha designado a Carlos Alberto Rodríguez Rodríguez como nuevo prefecto de la región La Libertad. Los autodenominados padres del Perú han puesto en este cargo político al hijo de papá Manuel Rodríguez Romero, hombre de confianza y actual colaborador del GORE. El actual prefecto ha hecho su carrera en las gestiones locales apepistas, como la mayoría de alfiles que parasitan el entorno de Acuña Peralta.
¿Por qué estas escandalosas designaciones siguen en pie? Pues lo decía al principio: en La Libertad, como en todo el país, se ha instalado la política de la impunidad, al margen de la legitimidad; lo que les importa es imponer su poder. Esta es la política de APP, organización llena de hijos putativos de Acuña, dispuestos a salvarle el pellejo. Solo un pueblo consciente que en las próximas elecciones recuerde que APP y Acuña han cogobernado hundiendo y sangrando el país, podría darles una lección.
