El Estado argentino ya no pagará a arzobispos y obispos de la Iglesia católica una asignación mensual como ha hecho durante más de cuarenta años. Esto fue anunciado por el portavoz del Gobierno argentino, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
Si bien esta decisión se venía gestando desde el 2019, se ajusta a la política de recortar gastos del gobierno de Javier Milei. «Esto coincide con los lineamientos de este Gobierno: la austeridad de gasto y la defensa de la libertad de culto. Entendemos que el Estado no tiene por qué dar un tratamiento desigual a una religión o culto sobre otra», comentó el portavoz del gobierno.
Buen billete desde la dictadura
El monto asignado por la Conferencia Episcopal sumaba alrededor de 55 mil dólares al mes, y el Estado se hacía cargo de los salarios de algunos obispos y arzobispos.
La decisión ya se venía trabajando desde años atrás, en el contexto de la legalización del aborto en Argentina y la lucha por separar el poder de la Iglesia y el Estado. Se había decidido que los sueldos dejaran de ser responsabilidad del Estado al finalizar el mandato de Alberto Fernández.
La Conferencia Episcopal Argentina también se pronunció. «El último día hábil de diciembre de 2023, concluye (…) el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950», se lee en un comunicado.
La ley 21.950 se estableció durante la dictadura de Rafael Videla.
