Jean Paul Silva León ha tenido más de una batalla legal junto a Arturo Fernández Bazán, el suspendido alcalde de Trujillo. Sin embargo, ya no podrá defenderlo en el caso de difamación que sigue por la querella que le interpuso el arqueólogo y exdirector del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra. La magistrada Ingrid Pajares Acosta, titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la excluyó del proceso.
Así fue
Silva pretendió dilatar más el proceso, aunque, a decir verdad, lo consiguió. La audiencia volvió a ser reprogramada por décima vez. Sin embargo, a Fernández le dieron solo 48 horas para que consiguiera un nuevo abogado. Esta vez el objetivo del letrado era paralizar la audiencia de este proceso hasta que se resuelva el pedido que hicieron en torno a que todos los procesos del suspendido alcalde sean revisados por la Corte Superior de Lima y no en Trujillo.
La audiencia fue reprogramada para el próximo 4 de julio a las 3 de la tarde. La magistrada Pajares resolvería por fin ese día, teniendo en cuenta que ya han pasado 11 meses desde que Morales fue citado por primera vez para la instalación del juicio por este nuevo caso de difamación contra Fernández, sentenciado por ese delito en primera instancia en el 2022.
Él es
¿Pero quién es Jean Paul Silva León? El abogado inició sus apariciones mediáticas cuando se debatía la suspensión de Arturo Fernández en el cargo de alcalde de Trujillo, en el 2023. Luego también participó en el proceso de vacancia y llegó a representar al otrora alcalde de Moche ante los tribunales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El año pasado, en agosto, Silva León presentó un Habeas Corpus a favor del electo alcalde, contra la resolución dictada por las juezas de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad Cecilia León Velásquez, Ofelia Namoc Aguilar, Liliana Janet Rodríguez Villanueva y contra Jorge Luis Quispe Lecca, en su calidad de juez del Quinto Juzgado Unipersonal de Trujillo. De esta manera, el principal objetivo era dejar sin efecto la sentencia que se dictó por el delito de difamación agravada contra la oficial PNP Nataly Rojas Rojas.
No es todo, el letrado también ha sido vinculado con el amigo de Fernández, el empresario Danilo Pinillos Vinces.
Se victimiza
Fernández aprovechó la decisión de la magistrada Pajares para informarles a todos sus seguidores que este fallo es «histórico» y que lo perjudica ampliamente. «Este país está podrido por todos lados», dijo.
