Siete meses en la clandestinidad fueron suficiente para Arturo Fernández. Decidió entregarse a la justicia, en donde afronta un segundo proceso por el delito de difamación, esta vez contra el catedrático y arqueólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, Ricardo Morales Gamarra.
Fernández Bazán acudió a la sede del Poder Judicial, en la urbanización Natasha, y ahí pasará la noche, a la espera de su audiencia.
¿Nueva condena?
Varios señalan que Fernández Bazán pudo haberse escondido en su inmueble, ubicado en la Campiña de Moche. Lo cierto es que, nuevamente, queda en evidencia la nula efectividad de la Policía por ir detrás de los políticos involucrados en procesos judiciales y con órdenes de captura.
El exdirector del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales, querelló a Fernández debido a que este lo vinculó con el tráfico de piezas arqueológicas. Por este caso, Ricardo Morales solicitó que se sentencie a Arturo Fernández a dos años de prisión y al pago de S/ 100 mil de reparación civil.
Prolongación irregular
Este proceso sufrió un sinnúmero de reprogramaciones. El 26 de julio y el 17 de octubre de 2023 no se pudo iniciar el juicio porque Fernández se presentó sin su abogado, mientras que el 28 de noviembre de ese mismo año el acusado se declaró enfermo.
A eso se suman otras dos audiencias suspendidas el 13 y 27 de diciembre último. Además, en la citación del 7 de marzo de 2024 el juez Juan Luján Castro solicitó inhibirse del proceso porque conocía a la familia del querellado. El 15 de agosto, finalmente Fernández decidió no continuar más y fue declarado “rebelde” y ordenaron su captura.
