Escribe: Eduardo Zafra
La madrugada del lunes 20 de enero marcó un antes y un después en la historia reciente de la convulsionada ciudad de Trujillo: se reportó un atentado contra la sede principal del Ministerio Público, ubicada en la avenida Alcides Carrión, frente a la Universidad Nacional de Trujillo.
Según se puede observar en las cámaras de seguridad, dos sujetos en moto cargando una mochila de una conocida empresa de delivery dejaron explosivos en la puerta de la institución, los mismos que explotaron minutos después, causando estragos en los 8 pisos del Ministerio Público, así como en todos los negocios aledaños.
Tras el ataque, el gobernador regional César Acuña solicitó la llegada del ministro del Interior, Juan José Santiváñez; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; y el Premier Gustavo Andrianzén, quienes llegaron junto al congresista liberteño Diego Bazán para sostener una reunión con el objetivo de debatir las medidas que se adoptarán tras el atentado.
Por otro lado, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también llegó a la ciudad de Trujillo; sin embargo, no participó en la reunión organizada por el Gobierno Regional.
Los Compadres
Según lo manifestado por la Fiscal de la Nación, el objetivo principal del ataque al Ministerio Público habría sido amedrentar a algunos fiscales que actualmente se encuentran investigando a organizaciones criminales. Espinoza explicó que al menos 2 organizaciones criminales habrían estado amenazando a fiscales a través de llamadas y mensajes de texto.
Posteriormente, tras la reunión sostenida en el Gobierno Regional, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez anunció que el cabecilla de la organización criminal “Los Compadres”, Jimmy Larry Bazán Valderrama, alias «Pequeño», se habría atribuido el atentado a la fiscalía a través de un video grabado desde el penal de Cajamarca.
Las medidas anunciadas son: la llegada de 10 agentes especializados en inteligencia, la llegada de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía, el reemplazo de 120 policías de inteligencia y el resguardo policial para jueces y fiscales.
De acuerdo con Santivañez, el atentado habría sido con la intención de coaccionar a la fiscal Jennifer Ludeña, quien está a cargo de una ampliación de prisión preventiva para la organización criminal «Los Compadres».
”Fue dejado un artefacto explosivo en las instalaciones del Ministerio Público, específicamente para amedrentar el trabajo de la señora fiscal, la doctora Ludeña”, indicó Santivañez en conferencia de prensa.
Medidas anunciadas
El premier Gustavo Adrianzén anunció que se tomarán medidas más drásticas para combatir la delincuencia. Las medidas anunciadas son: la llegada de 10 agentes especializados en inteligencia, la llegada de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional del Perú, el reemplazo de 120 policías de inteligencia (pedido que ya había hecho el gobernador) y el resguardo policial para jueces y fiscales que investiguen bandas criminales.
En tanto, el ministro de Defensa, Luis Iparraguirre, anunció que la celda de alias «Pequeño» ya ha sido allanada por el personal del INPE. Encontraron dispositivos electrónicos, incluido un celular que será sometido a peritajes para saber su vinculación con los mensajes amenazantes enviados a la fiscal Ludeña.
Cuestionan las medidas tomadas
Durante la conferencia de prensa brindada por la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se cuestionó la efectividad del estado de emergencia en el cual Trujillo, Virú y Pataz se encuentran desde febrero del 2024, así como, la posible militarización de Trujillo.
Por otro lado, Delia Espinoza se mostró en contra de la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia manifestando que el Ministerio Público no cuenta con las herramientas necesarias para poder luchar contra la criminalidad. Asimismo manifestó que no había sido invitada y que ni siquiera tenía conocimiento sobre la reunión sostenida en el Gobierno Regional.
Dichas declaraciones, al parecer, incomodaron al congresista Diego Bazán, quien tras la reunión entre las autoridades manifestó que la Fiscal de la Nación si había sido invitada, pero que había rechazado la invitación, evidenciando, según Diego Bazán, “ser una autoridad desinteresada por la seguridad en el país”.
