El Colegio de Abogados de La Libertad emitió un comunicado en el que expresa su «profunda preocupación» por la designación de María del Carmen Olórtegui como representante de la Defensoría del Pueblo en La Libertad. Dicha designación, como se recuerda, ha sido cuestionada debido a que Olórtegui es dirigente política de Alianza Para el Progreso (APP).
En su comunicado, el Colegio de Abogados sostiene que dicho nombramiento atenta contra la Constitución «al estar dicha persona afiliada y tener cargo efectivo en un partido político». Pero, además, señala que María del Carmen Olórtegui no reúne el perfil para ocupar el alto cargo en la Defensoría del Pueblo.
El pronunciamiento, firmado por el decano Yvo Hora Ordinola, manifiesta que la designación contraviene el artículo 162 de la Constitución, así como el articulo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que indica que la «condición del defensor del pueblo es incompatible con todo mandato representativo, cargo político, filiación política o sindical, asociación o fundación, con la carrera judicial o con el ejercicio de cualquier profesión u oficio, a excepción de la docencia universitaria».
Además, el Colegio de Abogados cuestionó que el cargo haya recaído en una persona que es psicóloga de profesión y sin experiencia acreditada para la función defensorial.