Un reciente Informe de Control Institucional, elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP), ha revelado una serie de fallas alarmantes en los vehículos, equipos y condiciones operativas de las compañías de bomberos que integran la III Comandancia Departamental de La Libertad.
Los hallazgos, verificados entre el 19 y el 21 de noviembre de 2025, muestran deficiencias que no solo exponen a los bomberos a riesgos extremos, sino que además comprometen seriamente la atención de emergencias en Trujillo, Chepén, Pacasmayo, Casa Grande y Víctor Larco.
¿Y el Gobierno Central no dice nada?
El informe detalla que las cinco compañías inspeccionadas cuentan con 20 vehículos destinados a emergencias, pero ninguno posee Certificado de Inspección Técnica Vehicular, varios no tienen tarjeta de propiedad y 11 no cuentan con placa de rodaje. Asimismo, se identificaron unidades que requieren mantenimiento preventivo y correctivo para su operatividad mínima.
Esta situación es especialmente grave: ante una intervención policial o municipal, estas unidades podrían ser multadas, retenidas o inmovilizadas, afectando directamente el servicio público de emergencias y poniendo en riesgo vidas humanas. En algunos casos, como en la Compañía de Víctor Larco, se encontraron siete vehículos en condición de baja, algunos almacenados durante años sin uso ni descarte oficial.
La situación se agrava con el hallazgo de Equipos de Protección de Respiración Autónoma (EPRAS) totalmente inoperativos en las compañías de Casa Grande y Chepén. En Casa Grande, se encontraron tanques y arneses donados hace casi nueve años que nunca fueron sometidos a mantenimiento o pruebas hidrostáticas, pese a permanecer vacíos todo este tiempo. Según el acta firmada por el segundo jefe, recargar estos cilindros sin evaluaciones previas podría provocar explosiones durante una emergencia. En Chepén, el equipo de recarga de cilindros se encuentra inoperativo desde finales de 2024, pese a repetidos pedidos de reparación y solicitudes de nuevos tanques que hasta la fecha no han sido atendidos.
Equipos desaparecidos
Otro punto crítico del informe es la falta de control patrimonial sobre los EPRAS donados a la Compañía Salvadora Trujillo n.° 26. De los 23 arneses y 23 máscaras marca Scott donados por la empresa Minera Boroo Misquichilca S.A., solo se hallaron 15 máscaras y 16 arneses, existiendo un faltante de ocho máscaras y siete arneses. La ausencia de reporte a la INBP impidió su registro oficial, situación que podría derivar en pérdidas o usos indebidos de bienes esenciales para la protección del personal en incendios estructurales.
El informe también documenta un déficit grave en los Equipos de Protección Personal (EPP) de varias compañías. En el caso de la Compañía Salvadora Trujillo n.° 26, se constató que, pese a tener aproximadamente 50 bomberos activos, solo hay EPP completos para 20 efectivos, y de ellos, apenas 10 se encuentran en buen estado. Esto significa que más de 30 bomberos atienden emergencias sin la indumentaria mínima de seguridad, exponiéndose a quemaduras, intoxicación por humo y otros riesgos mortales. Situaciones similares se repiten, con particularidades propias, en las demás compañías inspeccionadas.
Finalmente, se detectó que la ambulancia de la Compañía Salvadora Chepén n.° 45 contenía insumos médicos vencidos, como máscaras de oxígeno, equipos de venoclisis, vendas y guantes estériles. Estos materiales, caducados desde hace meses, podrían resultar ineficaces o peligrosos durante una atención prehospitalaria, afectando directamente la capacidad de respuesta ante emergencias médicas.
Todos los hallazgos fueron notificados al intendente nacional, CPCC Juan Carlos Morales Carpio, quien deberá disponer acciones inmediatas para corregir las graves falencias detectadas. El informe concluye advirtiendo que la situación actual pone en riesgo no solo la vida de los bomberos, sino también la de los ciudadanos que dependen de su labor.
