El Fiscal de la NaciónJuan Carlos Villena ha sido denunciado constitucionalmente ante el Congreso de la República, por el ciudadano Jhon Carlos López Goicochea, quien lo acusa de prevaricato e infracción a la carta magna.
Este contrataque se da luego de que Villena presentara una demanda contra Dina Boluarte en el caso de los relojes Rólex.
Como es previsible, la denuncia debe hacer sido recibida con entusiasmo en el Congreso. No olvidemos que la mayoría parlamentaria juega en pared con Dina Boluarte y, posiblemente, impulse un juicio político contra el fiscal Juan Villena. Todo por salvar a la dama de los relojes caros.
Papeles que coinciden
“Al amparo de los artículos 99, 100 y 117 de la Constitución Política del Perú, y del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República; interpongo denuncia constitucional contra Juan Carlos Villena, en su condición de Fiscal de la Nación, por haber incurrido en la infracción al precepto constitucional establecido en el artículo 117° de la constitución política del Perú, así como por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de prevaricato establecido en el artículo 418° del código penal”, se lee en el documento remitido al Congreso.
la denuncia debe hacer sido recibida con entusiasmo en el Congreso.
Recordemos que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, acusó públicamente al Fiscal Villena por lo mismo. Sostuvo que la jefa de Estado solo puede ser acusada durante su mandato por traición a la Patria, impedir las elecciones y disolver el Congreso.
“Cuando un juez aplica indebidamente una ley o inaplica una ley debidamente prevarica y cuando un alto funcionario, como este caso el fiscal de la Nación, inaplica la Constitución, lo que está haciendo es también injuriando los parámetros y principios de la constitución y en este caso está incurriendo en una infracción constitucional. Este hecho que vulnera el espíritu y los principios de protección a la institución presidencial deben ser valorados en su oportunidad”, dijo ante el Congreso. Es decir, el mismo espíritu de la denuncia de Jhon López.
La vaca olvida que fue ternera
Hay que hacerle recordar al Congreso dos casos.
En junio del 2023, el Congreso de la República inhabilitó a Zoraida Ávalos por no haber acusado al expresidente Pedro Castillo por los presuntos actos de corrupción. Los furibundos promotores de la medida decían que un presidente sí puede ser investigado mientras ejerce el cargo.
En noviembre último, la ex titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes durante las protestas contra su gobierno. Ningún congresista protestó y tampoco acusaron a Benavides de infracción de la Constitución.
Lo que se viene
El artículo 89 del Reglamento del Congreso establece que una denuncia de este tipo debe ser presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esta subcomisión tiene un plazo de 10 días para evaluar la denuncia y decidir si la admite o la rechaza.
Si la Subcomisión admite la denuncia, debe determinar si acusa o no al investigado. En caso de decidir acusarlo, el tema se traslada a la Comisión Permanente. Si la Comisión Permanente aprueba el informe, se nombra una subcomisión acusadora para presentar el caso ante el Pleno del Congreso.
