La Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI” atraviesa una de las etapas más críticas de sus 25 años de vida institucional, de acuerdo con la información a la que este medio pudo acceder. Esta información recogida de distintas fuentes y versiones señalan un escenario interno de desorden administrativo, incertidumbre académica y conflicto laboral que viene afectando directamente a cientos de docentes que están recurriendo al Poder Judicial en defensa de sus derechos laborales que se han visto conculcados por «decisiones autoritarias, dictatoriales e irracionales» impuestas por las autoridades que han llegado con la nueva actual gestión de la institución.
Según se conoció, esta situación se agravó desde el 6 de octubre de 2025, cuando, por decisión del Gran Canciller, monseñor Alfredo Vizcarra Mori, se produjo un relevo masivo de autoridades universitarias: rector, vicerrectores, decanos y altos cargos administrativos fueron cambiados de manera simultánea y abrupta.
«Un hecho poco usual en la gobernanza universitaria, donde los procesos de transición suelen ser graduales y sustentados en criterios académicos e institucionales. Lejos de devolver estabilidad, estos cambios generaron un clima de desconcierto que se ha extendido a los niveles intermedios y, finalmente, al cuerpo docente», señaló una fuente de la universidad a Conexión Norte.
«Este escenario no solo afecta derechos laborales, sino que pone en riesgo la calidad educativa. La inestabilidad del profesorado, la ausencia de reglas claras y la percepción de maltrato y discriminación contradicen los principios básicos de la vida universitaria»
Docentes reconocidos y con experiencia sacados de manera abrupta
El impacto más severo se ha manifestado en el ámbito laboral. Docentes con muchos años de servicio en la universidad y reconocidos por sus méritos -que obra en sus legajos- por la misma institución, denuncian que se les ha cortado abruptamente la continuidad laboral bajo el argumento de una “Convocatoria Docente 2026”, obligándolos a postular nuevamente a plazas que ya venían desempeñando. Este proceso es realizado por el Vicerrectorado Académico, actualmente a cargo de la profesora Silvia Valverde Zavaleta, quien, según los propios docentes afectados, retorna a la institución tras haber sido despedida en una gestión anterior, generando una percepción de revanchismo, odio y trato discriminatorio.
De acuerdo con los testimonios recogidos, muchos docentes cumplieron sin observaciones las primeras etapas de la convocatoria —evaluación de documentos y test psicológico—, pero luego fueron excluidos sin explicación alguna de fases claves como la clase modelo y la entrevista personal. No existen comunicados formales ni criterios transparentes que justifiquen estas decisiones, lo que refuerza la sensación de arbitrariedad y desinformación.
Las críticas también apuntan a la falta de rigor académico y administrativo del proceso. «La convocatoria no cuenta con un cronograma público y detallado, no precisa con claridad los requisitos mínimos exigidos y presenta serias irregularidades en la conformación de los jurados evaluadores», señalaron.
Incluso se denuncia que, en la etapa de clase modelo, el jurado habría sido integrado por personal sin formación académica pertinente y asistentes de la misma vicerrectora académica, lo que compromete la legitimidad y seriedad de la evaluación docente.
«Este escenario no solo afecta derechos laborales, sino que pone en riesgo la calidad educativa. La inestabilidad del profesorado, la ausencia de reglas claras y la percepción de maltrato y discriminación contradicen los principios básicos de la vida universitaria y debilitan la misión formativa de la institución. En un país donde la universidad enfrenta cuestionamientos constantes sobre su rol social y académico, este tipo de prácticas profundiza la crisis en lugar de contribuir a su superación», nos indicó otra fuente cercana a la institución.
Docentes afectados recurren a Sunedu y Poder Judicial
Ante ello, un número considerable de docentes ha decidido recurrir a instancias externas como la Sunedu y al Poder Judicial, amparándose –principalmente- en el artículo 26 de la Constitución Política del Perú, que garantiza el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación en toda relación laboral. Así, el conflicto ha superado el ámbito interno y amenaza con escalar a un problema mayor de carácter institucional y legal.
Los docentes afectados exigen un pronunciamiento claro y público tanto del Gran Canciller, monseñor Alfredo Vizcarra Mori, como del rector de la universidad, Marcoantonio Pacherres Torrejón. Reclaman coherencia entre el discurso institucional y la práctica concreta, recordando el lema que identifica a la casa de estudios religiosa: “Líderes con alma y valores”.
