Escribe: Eliana Pérez Barrenechea
Han transcurrido 70 años de la conquista del derecho al sufragio de las mujeres en el Perú. El 7 de setiembre de 1955 se promulgó la Ley N° 12391 que nos reconocía la ciudadanía, y con ello el derecho a elegir y ser elegidas, aunque limitada a las mujeres letradas. A pesar de haber sido un triunfo histórico, producto de luchas sociales de las mujeres en un contexto internacional que presionaba por la igualdad de derechos, este hito debe entenderse no como un punto de llegada, sino de partida, que permitió el ingreso de algunas peruanas a la arena de la democracia liberal representativa, un sistema con límites estructurales inherentes, que aún dejaba fuera a mujeres y hombres de sectores populares que no habían accedido a educación.
Hoy es importante preguntarnos críticamente los desafíos que tenemos en torno a la participación política de las mujeres, pero esta reflexión no la podemos tener sin pensar en la condición actual de la democracia peruana. Más aún cuando las circunstancias que han llevado por primera vez a una mujer a la Presidencia de la República han sido propiciadas por los límites de un sistema político, que se pasa por encima el estado de derecho, incluso recurriendo al asesinato de quienes se rebelen, cuando los intereses de los poderes fácticos se ponen en riesgo, especialmente los de los grupos económicos.
Dina Boluarte es una muestra de que las luchas feministas que se centran sólo en reformas políticas de género, finalmente esencialistas, son insuficientes y, además, contraproducentes. Así como el derecho al sufragio otorgó igualdad jurídica sin alterar las bases materiales que sostienen la desigualdad de género, las propuestas de paridad y alternancia aplicadas de manera limitada y mutiladas por el actual Congreso, no suponen una transformación de las bases del sistema político.
Pensar en los desafíos de la participación política de las mujeres implica plantearse la transformación del Estado patriarcal, colonial y capitalista, poner en el centro del debate no sólo la violencia machista, sino también cuestionar la división sexual del trabajo, la explotación por el trabajo doméstico y de cuidados, la concentración de la propiedad privada, la explotación de los territorios y comunidades indígenas, la educación como instrumento de profundización de las desigualdades de clase, la doble o triple jornada que asumen las mujeres, la privatización de los derechos, la corrupción sistémica y la mercantilización de la política, entre otras causas de la exclusión de las mujeres y los sectores populares de la política.
Tras 70 años de poder elegir y ser elegidas, no hemos realizado transformaciones significativas en la democracia peruana, ésta se sigue sosteniendo sobre desigualdades de género, clase y raza.
Las próximas elecciones no significan una salida de fondo para la profunda crisis del sistema político, se jugarán con sus mismas reglas y con las instituciones públicas intervenidas por los partidos que hoy controlan el poder legislativo. Desde las organizaciones políticas y sociales que creen en cambios estructurales se deben fomentar condiciones para la construcción de poder popular con la organización de las mujeres de base: rondas campesinas, comunidades indígenas, comedores populares, sindicatos, universidades y colectivas activistas.
Tras 70 años de poder elegir y ser elegidas, no hemos realizado transformaciones significativas en la democracia peruana, ésta se sigue sosteniendo sobre desigualdades de género, clase y raza, la trenza de la dominación con la que la compañera Marfil Francke explicaba cómo actuaba el poder de este sistema opresor. No bastan reformas cosméticas, se trata –como lo planteaba Marflil– de “construir otra forma de organizar la sociedad, otro sistema social y político, donde nadie oprima a nadie, donde no haya seres humanos que explotan o minimizan a otros humanos ni a otros seres no humanos, un orden social donde todxs podamos vivir en armonía y desarrollar nuestras potencialidades al máximo”.
Por tanto, los desafíos son mayores y complejos para una participación plena de las mujeres y las mayorías históricamente excluidas de este país. El horizonte estratégico debe ser la refundación del Estado a través de un proceso constituyente soberano, con paridad y participación de los sectores populares y los pueblos originarios, que sustituya el poder patriarcal, capitalista y colonial racista por una democracia sustantiva y popular, donde nadie quede fuera. Ahora parece una utopía, pero no dejemos que nos sigan arrebatando el futuro, imaginemos y luchemos por una democracia radicalmente distinta, donde la liberación de las mujeres sea inseparable de la liberación de toda la clase trabajadora.
