Escribe: Eliana Pérez Barrenechea
Si bien no hemos podido consolidar en el Perú una democracia con soberanía popular, este régimen político ha estado más alejado con la instalación del Estado neoliberal que se produjo en 1990 con el “Fujishock”, reafirmado con tanques y balas con el golpe de estado fujimorista de 1992 y legitimado con la Constitución Política de 1993. Durante estas décadas hemos visto cómo se ha vaciado el sentido de la política acorde con la sustitución de ciudadanos/as por consumidores/as.
Este status quo se ha mantenido con una pseudodemocracia electorera, que no ha garantizado la voluntad popular, pues pese a que se ha votado en más de una ocasión por un cambio de modelo, el sistema se ha encargado de mantenerse, cambiando abiertamente planes de gobierno o conspirando, desde los poderes instalados, para que los cambios sean solo cosméticos y de figuras, pero nunca de estructura.
Así llegamos al 7 de diciembre de 2022, cuando se concretaría un golpe de estado que venía gestándose desde el mismo día de las últimas elecciones generales, en las que elegimos la opción alternativa a la amenaza fujimorista. Ese golpe, pese a no ser el típico golpe declarativo y con tanquetas, es un golpe político que ya se ha vivido -con algunos matices- en otros países de Sudamérica como Paraguay, Brasil y Bolivia.
vemos que empieza a despertar el rechazo ciudadano contra distintos miembros del pacto: congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, ministros y por supuesto, contra la no-presidenta.
Si no aceptamos que vivimos en una dictadura atípica, seguiremos engañándonos y cayendo en el juego de una democracia que no tenemos. Por ello, resulta incoherente exigir derechos, aumento de sueldos, leyes, seguridad, obras, etc. a un régimen autoritario y mafioso. Estas demandas, sin cambios de fondo, lo legitiman. Es lo que, desde el inicio, nos planteó el pacto dictatorial, cero demandas políticas para evitar la represión con balas, mientras cooptaban todos los frentes para seguir incubando una red criminal que hoy atraviesa la mayoría de instituciones nacionales y también los gobiernos regionales, que le dan soporte político.
Pareciera que estamos en un callejón sin salida, pero aún nos queda el derecho constitucional a la insurgencia: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional” (Art. 46° CPP). Ojalá pudiéramos organizar un movimiento ciudadano insurgente, mientras tanto, vemos que empieza a despertar el rechazo ciudadano contra distintos miembros del pacto: congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, ministros y por supuesto, contra la no-presidenta.
También en La Libertad debemos despertar del letargo y expresar nuestro rechazo al régimen, en especial a uno de los tiranos de esta dictadura, que funge como gobernador de la región. César Acuña y su pseudopartido APP, son tan responsables como Boluarte, Keiko Fujimori y Cerrón del desastre de país que hoy sufrimos con el crimen organizado, la salud pública en agonía y la corrupción campeando.
