Hoy 13 de enero, a pocas horas de vencerse el plazo, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, anunció que el Gobierno ha observado la ley que restablece la detención preliminar. El documento con las observaciones deberá ser remitido a la Comisión de Justicia del Congreso, que preside Isaac Mita (Perú Libre).
“Hay una serie de observaciones relacionadas con lo dispuesto en la norma. No tengo el detalle en este momento, no lo recuerdo, y sería imprudente declararlo. Sin embargo, la observación se hará pública en breve”, indicó, increíblemente, el primer ministro.
Adrianzén negó que el retraso en la observación de la ley sea un “salvavidas” del gobierno hacia Fredy Hinojosa, vocero presidencial, quien podría haber sido detenido de manera preliminar por su presunta participación en una organización criminal.
Como el Congreso se encuentra en receso, la Comisión de Justicia tendrá que convocar a una sesión extraordinaria para evaluar las observaciones. O también puede esperar hasta marzo, cuando se inicie de la próxima legislatura.
Otra opción es que cualquier congresista solicite la exoneración del dictamen de la comisión y pase directamente al pleno del Congreso o a la Comisión Permanente. Esta última es la única que sigue en funciones durante el receso.
«Hay una serie de observaciones relacionadas con lo dispuesto en la norma. No tengo el detalle en este momento, no lo recuerdo»
Delincuentes en su salsa
La demora en el restablecimiento de la detención preliminar ha tenido consecuencias nefastas para la sociedad: en diciembre pasado, 10 presuntos integrantes de la organización criminal Las Hienas Verdes fueron liberados, a pesar de estar acusados de extorsión, homicidio calificado, encubrimiento y otros.
Tampoco olvidemos que ese mismo mes, el Poder Judicial rechazó una solicitud de detención contra Fredy Hinojosa, vocero presidencial y exdirector de Qali Warma.
El constitucionalista Luciano López dijo a un medio nacional que las observaciones del Ejecutivo no tienen sustento jurídico válido, dado que dicha norma ya existía en el ordenamiento jurídico. “Lo que se está haciendo es restituir la vigencia de una norma derogada. No existe ningún motivo jurídico que justifique la observación por parte del Poder Ejecutivo. Esto demuestra que, al observarla, están retrasando el desarrollo de las investigaciones que tienen abiertas”, señaló López.
