Desde su designación como jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, la psicóloga María del Carmen Olórtegui Risco está en el centro de la polémica. Las primeras críticas apuntaron a su supuesta cercanía con Alianza para el Progreso (APP) y a que no reuniría el perfil adecuado para el cargo. Sin embargo, la situación se agravó recientemente tras ser denunciada ante el Ministerio Público y observada por la Contraloría General de la República.
Investigación
El ciudadano Javier Carrión Ojeda presentó el pasado 8 de abril una denuncia ante la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo contra Olórtegui, por la presunta comisión de los delitos de aceptación ilegal del cargo y falsedad ideológica. Como sustento, anexó el Informe de Control Específico N°001-2025-2-0680-SCE de la Contraloría, donde se concluye que la funcionaria no habría cumplido con los requisitos de experiencia específica para el puesto.
El informe del órgano de control revela que Olórtegui no presentó documentación que acredite experiencia previa en funciones relacionadas con la naturaleza del cargo que asumió el 18 de noviembre de 2024. Además, la Contraloría identificó un conflicto de interés: al momento de ser designada, la funcionaria aún estaba afiliada al partido APP, lo que habría vulnerado el principio de neutralidad que rige a los servidores de la Defensoría del Pueblo.
Sin salida
Según el informe, Olórtegui mantuvo su militancia en APP hasta el 5 de marzo de 2025, es decir, durante más de tres meses representó a la Defensoría en una región donde también era militante activa de un partido político. Esta situación va en contra de las directivas internas de la entidad que exigen imparcialidad y desvinculación partidaria en el ejercicio del cargo.
