Escribe: Lucho Caro
El 7 de junio es el Día de la Bandera, un símbolo que está asociado al orgullo y el sentido de pertenencia. Nos recuerda la heroica Batalla de Arica, liderada por Francisco Bolognesi. Lamentablemente, corrupción y la ineptitud de nuestra clase gobernante la ensucia día a día.
La situación actual es alarmante. Según el Instituto de Estudios Peruanos, la desaprobación del Congreso ha alcanzado un impresionante 93%, mientras que su aprobación se desploma a un histórico 2%. Estas decisiones impopulares no solo reflejan un ciclo de desconfianza, sino que han favorecido a sectores ligados a la criminalidad, generando un descontento generalizado y un profundo desprecio hacia la clase política. Dina Boluarte, por su parte, enfrenta un rechazo contundente, con un 93% de desaprobación, lo que revela su incapacidad para enfrentar la delincuencia y la corrupción, y, por qué no, su posible complicidad en el deterioro de nuestras instituciones.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del 2024 de Transparencia Internacional posicionó al Perú en el puesto 127 de 180 países, con un alarmante puntaje de 31 sobre 100. Estos números son un grito desesperado que indica que nuestra a la situación política en un estado crítico. La falta de confianza en las instituciones es palpable, y la corrupción se ha convertido en una sombra que oscurece el futuro del país.
Cada acto de corrupción no sólo mancha nuestra identidad, sino que también deshonra el sacrificio de nuestros héroes, que lucharon por la libertad y la justicia.
Hoy, la extorsión y el sicariato son los problemas más graves que enfrenta nuestra nación. Estos fenómenos, exacerbados por la corrupción que permea todos los niveles de gobierno, constituyen amenazas constantes. Por mencionar un caso, la matanza de 13 trabajadores de la minera La Poderosa en Pataz, en la región La Libertad, es un trágico recordatorio de cómo la violencia y la criminalidad desgarran el tejido social de nuestras comunidades, evidenciando el control que las bandas criminales ejercen sobre la minería ilegal.
Además, la corrupción en la gestión pública le costó al país aproximadamente 24 mil millones de soles en el 2024, según la Contraloría General de la República del Perú. Esta cifra fue destacada por la Cámara de Comercio de Lima, señalando que las pérdidas económicas totales debido a la corrupción entre 2021 y 2023 ascienden a 72 mil millones de soles, de los cuales 24 mil millones corresponden solo al año 2023. Estos recursos, que podrían haberse utilizado para mejorar la infraestructura y los servicios esenciales, se desperdiciaron. Esta situación se tradujo en una falta de oportunidades para muchos peruanos y un debilitamiento de la economía nacional.
Cada acto de corrupción no sólo mancha nuestra identidad, sino que también deshonra el sacrificio de nuestros héroes, que lucharon por la libertad y la justicia. La bandera, que debería ser un emblema de orgullo y esperanza, se convierte en un recordatorio de la urgencia de exigir responsabilidad y transparencia a quienes están en el gobierno.
