Escribe: Eduardo Zafra
Ante el atentado ocurrido el último lunes 20 de enero en la sede principal del Ministerio Público, autoridades nacionales y regionales llegaron hasta la ciudad de Trujillo para sostener una reunión y coordinar las medidas que se tomarán para combatir la inseguridad ciudadana. Una de las medidas anunciadas por el Gobierno Regional fue la llegada de 400 agentes de las Fuerzas Armadas para apoyar en las labores de patrullaje y detención a la Policía Nacional del Perú.
El contingente militar llegó a la ciudad de Trujillo este sábado 25 de enero para ser presentados ante los medios de comunicación mediante una ceremonia protocolar realizada en el colegio militar Ramón Castilla, donde, además del gobernador, César Acuña, estuvieron también presentes autoridades nacionales como: el ministro del Interior, Juan José Santivañez; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; el Premier, Gustavo Adrianzén, y el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quienes tras la ceremonia ofrecieron una rueda de prensa.
Las leyes cuestionadas
Como se sabe, en los últimos meses, el Congreso de La República ha promulgado o modificado diversas leyes que de manera directa o indirecta han acabado por favorecer a la delincuencia. Dichas leyes han sido cuestionadas y criticadas por expertos, medios de comunicación y por la opinión pública.
Entre las leyes promulgadas por el Congreso se encuentran: la ley 32108, que excluye a delitos como extorsión, secuestro y sicariato de los delitos relacionados a la organización criminal; la ampliación del REINFO que permite a mineros informales operar mientras aún se encuentran en proceso de formalización, situación que es aprovechada por la minería ilegal; y la ley 31989, que impide a la Policía incautar material utilizado para la minería ilegal.
El Congreso pide disculpas
Conexión Norte le recordó dichas leyes al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien admitió estar al tanto de los “errores” cometidos por el Parlamento y que desde ahí se tomarán medidas para restablecer la detención preliminar, así como se evaluará la ley de crimen organizado.
“En el tema referido a la detención preliminar, efectivamente, hubo un problema en el Congreso de la República. De igual manera, desde la presidencia se promovió y por ello es que el 15 de diciembre se produjo la modificatoria legal. El Ejecutivo ha formulado la observación dentro de los parámetros constitucionales que corresponden”, manifestó Salhuana en conferencia de prensa.
Por otro lado, el Titular del Parlamento recordó que en octubre pasado se aprobó una modificación a la ley del crimen organizado, precisando que ya no sería necesaria la presencia del imputado para realizar todos los análisis y que se incluyen delitos con penas mínimas de cinco años, ampliando el rango. Esto, haciendo referencia a la modificatoria de la ley de crimen organizado que excluía a los delitos de extorsión, secuestro y sicariato de la misma.
“En el mes de octubre una modificatoria a la ley del crimen organizado, cuya principal rectificación fue, por ejemplo, el precisar que para los allanamientos no se requería la presencia del imputado, como se había establecido en la primera modificatoria. De igual manera, se había ampliado a los delitos que no sean menores a los cinco años, cuando en el anterior se establecía a partir de los seis. Obviamente, esto sí excluía un conjunto importante de ilícitos penales”, explicó.
